A propuesta de Norma Lucía Piña y con el apoyo de siete ministros, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en sesión privada sumarse al paro de los trabajadores en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, que fueron quienes votaron en contra y rechazaron la medida adoptada por Norma Piña, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.

De acuerdo con información de funcionarios del PJF, durante la sesión privada, la ministra Piña Hernández, en su calidad de presidenta, pidió la votación, y una vez con el apoyo mayoritario, rechazó los argumentos de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz, quienes exigían que se siguiera laborando porque la ley no permite que la Corte suspenda actividades, y tampoco validaron sus argumentos de que con esta suspensión prácticamente el Poder Judicial deja de prestar servicios que son importantes para la sociedad.

Tras decretar la suspensión de actividades, la Corte anunció que se atenderán los asuntos que se consideren urgentes y que encontrará la forma de sesionar en caso de ser necesario y se concretó a indicar que existen tratados y convenciones internacionales que otorgan el derecho de manifestarse o a una suspensión, como la que estamos viviendo ahora.

La sesión del pleno nuevamente se suspendió –por quinta ocasión de agosto a la fecha– y el pleno decidió sumarse al paro de actividades en apoyo a las acciones de los empleados del PJF.

Las ministras Batres, Ortiz y Esquivel consideraron que los ministros que aprobaron el paro pueden ser destituidos a través de un juicio político y enfrentarían sanciones administrativas por sus acciones.

Horas más tarde, para justificar su actuación, los ministros que votaron a favor del paro emitieron un documento en el que subrayan que actuaron de conformidad con la Constitución, sus convicciones y ante la situación atípica y extraordinaria que atraviesa el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Lamentaron “profundamente las descalificaciones, los infundios y las amenazas contenidas en el pronunciamiento conjunto hecho público por la minoría, dirigidas en contra de las y los ministros que integramos esta mayoría, pero sobre todo, contra las y los trabajadores de este Poder del Estado mexicano, incluyendo a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales de nuestro país que, como cualquier persona, cuentan con las libertades de expresión, asociación y reunión, reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos y nuestro derecho constitucional”.

A través de su declaración el grupo mayoritario señaló que la impartición de justicia continúa con el trámite y el estudio de los asuntos, así como la atención de casos urgentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, baluarte y última línea de defensa de los derechos fundamentales de todas las personas es, y debe seguir siendo, un ejemplo en el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos, sin que esto implique el menoscabo de las garantías de las personas que laboramos en esta Institución.