A unos días de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó el compromiso de su gobierno por esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada.

En el sexto Informe de gobierno enviado a la Cámara de Diputados, se asienta que la actual administración mantiene un expediente abierto y se continuará investigando hasta llegar a la verdad de los hechos y se garantice el acceso a la justicia para las madres y padres vinculados al caso.

Durante su discurso en el Zócalo capitalino, el mandatario hizo apenas una breve mención a este asunto, al reconocer que representa una asignatura pendiente, pues fue uno de los 100 compromisos que hizo tras tomar protesta hace seis años.

En los anexos del documento, se subraya que “se continuará atendiendo las peticiones presentadas por las madres y padres de los desaparecidos –quienes han demandando sobre todo información al Ejército–, preservando la continuidad de los componentes en materia de búsqueda, investigación, judicialización y atención a víctimas.

El último reporte de López Obrador hace un relato de algunas acciones que se realizaron a lo largo de este sexenio para aclarar los hechos, a unos días de que se cumpla una década de lo acontecido en Iguala, Guerrero.

Se recuerda que una de las primeras acciones del gobierno fue la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la cual implementó un modelo integral de atención y enfoque centrado en las víctimas, rompió pactos de silencio y transformó las instituciones de la administración pública federal con acciones encaminadas a la verdad, justicia, reparación, memoria y generación de garantías de no repetición.

Hasta junio de 2024, se detalla en el sexto Informe, están detenidas 118 personas por su presunta responsabilidad en los hechos y en acciones posteriores que han impedido el acceso a la justicia y la verdad.

De ese total, 35 de los aprehendidos son integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, 79 son policías de distintas corporaciones y cuatro ex funcionarios públicos (entre ellos el ex procurador general Jesús Murillo Karam, aunque está en prisión domiciliaria) y 17 efectivos del Ejército (algunos también bajo proceso en libertad).

Entre septiembre de 2023 y junio de 2024, se afirma en el documento, se realizaron 50 acciones de búsqueda en campo, las cuales permitieron el hallazgo de 10 osamentas y restos óseos que permitieron la identificación de dos estudiantes desaparecidos.