n el descaro total y en el clásico sabadazo, un sedicioso grupo de jueces decidió, ilegalmente, impedir por tiempo indefinido que la Cámara de Diputados analice, debata y mucho menos vote el dictamen de reforma al Poder Judicial de la Federación, ni que, de aprobarse por capricho de los legisladores, el decreto respectivo pase por los congresos de los estados, para evitar que al menos 17 de ellos otorguen el aval respectivo y con ello se cierre el círculo para la declaratoria de reforma a la Constitución.

La Jornada (Gustavo Castillo) lo reseñó así: “Dos juzgados federales otorgaron suspensiones que impiden por tiempo indefinido que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen que reforma el Poder Judicial de la Federación. Una de ellas ordena que no se analice ni se lleve a cabo la votación del dictamen hasta que resuelva en definitiva el juicio; la segunda, que en caso de continuar con el proceso legislativo, no se envié el decreto a los congresos estatales para su aprobación.

“El primer recurso lo promovieron los jueces Perla Fabiola Estrada, Ignacio Pérez Aguirre, Lizbeth Martínez Arias y Eduardo Antonio Velasco Treviño, y la medida cautelar fue concedida de plano por su par Martha Eugenia Magaña López (panista y promotora de Xóchitl Gálvez), una de las más activas contra las modificaciones constitucionales con que se pretende que ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Los peticionarios de este amparo están adscritos al decimoctavo circuito, al que corresponde también Magaña López.

“En tanto que el segundo –solicitado por impartidores de justicia cuyos nombres no han sido publicados– lo otorgó el juez Felipe Consuelo Soto, quien en 2017 fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, al considerarlo responsable de irregularidades durante el concurso mercantil de Mexicana (de Aviación), proceso del cual estuvo a cargo entre 2010 y 2012. Ambas suspensiones detienen el proceso legislativo y su aprobación, que se iniciaría hoy. Pero la primera de ellas, otorgada por el juzgado quinto de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, órgano jurisdiccional a cargo de Magaña López, fue concedida para que no surta efectos el proyecto de dictamen” de reforma al Poder Judicial, lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura”.

De esa dimensión es la aberrante orden de esos jueces (las caras visibles, en realidad, pues atrás de ellos están la impresentable ministra Norma Piña y sus secuaces), quienes dicen cumplir con la Constitución y para ello con absoluto descaro la violan, amén de que ilegalmente violan la división de poderes, al pretender meter las manos en otro poder del Estado, el Legislativo, al que, en el colmo, le ordena que no haga lo que constitucionalmente le corresponde, sin olvidar que contra las reformas constitucionales no procede el amparo.

De entrada, el sabadazo de los jueces –defensores a ultranza de sus privilegios– viola el artículo 61 de la Ley de Amparo, el que en su primer inciso deja en claro que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero ellos lo concedieron para congelar la reforma al Poder Judicial y evitar cambio alguno. Vergonzoso. Para sancionarlos está el Consejo de la Judicatura Federal, pero no hay que olvidar que la misma ministra Piña lo preside.

Ante ello, el Poder legislativo debe iniciar el procedimiento de juicio político en contra de los citados jueces y de la ministra Piña, toda vez que su actuación abiertamente es en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, como el ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, el ataque a la libertad de sufragio, por la usurpación de atribuciones y cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, entre otras, según lo establece la ley respectiva.

Y todavía algunos insisten en que el Poder Judicial no se toca y que no es necesaria la reforma constitucional, cuando lo cierto es que el país no merece jueces, magistrados y ministros inmundos como los citados.

Las rebanadas del pastel

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