a producción de granos básicos, fundamental para la alimentación humana y animal, a la que se dedica la mayoría de los campesinos y agricultores, fue la perdedora neta del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994).

El tratado abrió el mercado mexicano a las importaciones de EU y Canadá, sin que México tuviera posibilidad de competencia, a la par de que cambió las políticas agrícolas y destruyó las instituciones y servicios públicos que apoyaban la agricultura.

La autosuficiencia alimentaria como objetivo se transformó en seguridad alimentaria, que consiste en tener recursos para comprar comida en la aldea global, sin importar que el país la produzca.

Por el tratado, la balanza comercial agropecuaria fue deficitaria durante casi 20 años, en los que las importaciones de granos básicos ocuparon el centro, hasta que a partir de 2015 las exportaciones de aguacate, hortalizas y moras lograron un superávit.

La competencia con las importaciones destruyó la producción nacional de granos básicos. En Campeche y Morelos la producción de arroz disminuyó drásticamente y los molinos sólo compraban el grano importado para pulirlo. La soya casi desapareció y la recuperación de su producción a partir de 2007 se mudó a la península de Yucatán, con semillas transgénicas y arrasando selva. El trigo, a pesar de su alta productividad, estuvo sometido a bajos precios y dificultades de comercialización. El frijol aumentó fuertemente sus niveles de dependencia, empobreciendo más las regiones productoras. Para el maíz las importaciones crecieron exponencialmente al destinarse también como efecto del tratado a las fábricas de animales, mientras en distintas regiones los campesinos dejaban de producirlo y rentaban su tierra para cultivos de exportación.

La debacle de los granos básicos no logró extinguir estos cultivos por la resistencia y organización de los campesinos y de los agricultores que lucharon por conseguir apoyos para mantenerse en la actividad. Aunque muchas de sus organizaciones sucumbieron por las crisis económicas, impulsaron políticas que devolvieran una mínima certidumbre y rentabilidad a sus cultivos. Innovaron sistemas de producción y comercialización, aprendieron el movimiento de los mercados internacionales, buscaron fortalecer e integrar sus organizaciones, tejer alianzas con organizaciones de otros países, tener voces en el Congreso, arrancar al Estado los subsidios indispensables para continuar siendo productores agrícolas.

Por eso las propuestas del gobierno actual fueron muy bien recibidas: fortalecimiento de la agricultura campesina, autosuficiencia alimentaria, precios de garantía… Pero esas propuestas toparon con la reducción del presupuesto al campo, con la satanización de los agricultores comerciales y de las organizaciones campesinas y de productores, con la eliminación de los instrumentos de financiamiento, seguro y comercialización que quedaban, con una mayor apertura a las importaciones, con órdenes de aprehensión para los dirigentes campesinos que protestan para lograr vender sus cosechas a un precio redituable.

Los resultados en la producción de los granos básicos –arroz, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo–, en conjunto, muestran una reducción del volumen de producción en 10 por ciento, al pasar de 36.4 millones de toneladas a 32.7 millones de toneladas entre 2018 y 2023.

El arroz en este periodo redujo en 11 por ciento el volumen de producción y alcanzó 252 mil toneladas, mientras las importaciones fueron de 219.3 millones de toneladas.

El trigo fue el único grano que aumentó su producción al alcanzar las 3.5 millones de toneladas en 2023, aunque se mantuvo por debajo de las 3.9 millones de toneladas de 2016 y muy lejos del creciente volumen de importaciones de 6.2 millones de toneladas.

El frijol tuvo una fuerte caída de producción de 40 por ciento entre 2018 y 2023 y sólo alcanzó 724 mil toneladas.

La producción de maíz, se redujo 14 por ciento, y registró únicamente 23.3 millones de toneladas en 2023, 5 millones de toneladas menos que el récord de 2016. Sin embargo, los productores enfrentaron enormes dificultades para comercializar sus cosechas. Las importaciones fueron de 19.7 millones de toneladas, cifra récord, que podría ser superada en 2024 y provinieron en su mayoría de EU, pero también de Brasil y Sudáfrica, que no tienen tratados comerciales y a los que no se cobraron aranceles con el objetivo de reducir el precio de las cosechas nacionales. La producción de maíz sólo cubrió 54.2 por ciento del consumo nacional y el restante 45.8 por ciento lo cubrieron las importaciones.

El gobierno buscó contener la inflación a costa de los campesinos y agricultores, contra la autosuficiencia alimentaria, de la rentabilidad de la producción nacional y favoreció a las trasnacionales que controlan los mercados.