Magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han enviado cartas a representantes permanentes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que solicitan su intervención para que el secretario general del organismo, Luis Almagro, valore la viabilidad y conveniencia de realizar una convocatoria inmediata al Consejo Permanente y realice gestiones diplomáticas que frenen la reforma.

Entre los representantes a quiene ya les enviaron dichas misivas se encuentran los de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y República Dominicana.

El argumento para que atiendan sus peticiones hace referencia a la existencia de un proceso en curso de ruptura del orden democrático en México, mediante el cese masivo de la totalidad de los juzgadores federales, y solicitan valorar la posibilidad de activar los diversos mecanismos de garantía colectiva que ofrece la Carta Democrática Interamericana.

En la misiva que firman los magistrados Juan José Olvera López (primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito), José Manuel Torres Ángel (noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito), José Rogelio Alanís García (cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito) y Michele Franco González (noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito) subrayan que forman parte de un grupo de más de mil 100 impartidores de justicia que están contra los cambio al PJF en México.

Advierten además que los poderes Ejecutivo y Legislativo federales preparan la destitución masiva de los juzgadores que actualmente nos desempeñamos como protectores del orden constitucional y garantes constitucionales y convencionales de los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan por nuestro país.

Asimismo, exponen que “el grupo en el poder (…), mediante el abuso del modelo de reparto de curules, ha logrado asegurarse una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados que le permite modificar la Constitución sin ningún contrapeso”.

Según su percepción, “este grupo en el poder, como parte de la estrategia de derrocamiento de la Carta Magna vigente, está desarrollando una agenda antidemocrática mediante la militarización formal [materialmente ya se realizó (sic)] del país; la eliminación de todos los organismos internos de control, incluso el organismo garante de la transparencia, y la ampliación de figuras jurídicas violatorias de derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa, entre otras”.