Seis años después de iniciar una batalla jurídica contra Pemex y el gobierno federal, la empresa Oro Negro fracasó en su demanda de cobrar 270 millones de dólares por incumplimiento de contrato. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM) desestimó el caso al considerar que no cuenta con la jurisdicción para resolver las reclamaciones de los inconformes. Oro Negro rentó plataformas marinas a Pemex de 2013 a 2017, cuando se cancelaron los contratos, decisión que provocó la demanda.

El 19 de agosto, el tribunal internacional decidió que carecía de jurisdicción para resolver el caso porque se trata de individuos con doble nacionalidad, y siendo la dominante y efectiva la mexicana, presentaron reclamaciones en contra de su propia nación. Ordenó, además, que los demandantes deberán pagar cerca de 400 mil dólares por concepto de costos de arbitraje.

Aunque el laudo se encuentra en proceso de revisión por el Ciadi para divulgar una versión pública que no contenga datos sensibles, la Secretaría de Economía (SE), que llevó el caso junto a las firmas legales Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose LLP, consideró que el resultado es un logro importante para el Estado mexicano y un valioso precedente en materia de arbitraje de inversión.

Oro Negro –firma constituida en 2012 por Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y José Antonio Cañedo White, hijo de Guillermo Cañedo, uno de los fundadores de Televisa– fue declarada en concurso mercantil en 2017.

Malos manejos

La historia del conflicto se inicia con la caída de los precios internacionales del petróleo, entre 2014 y 2016, lo que provocó menores ingresos para Pemex y problemas en el pago a proveedores.

Ante esta situación, la empresa estatal ofreció renegociar los contratos de renta de las plataformas. No obstante, mientras otras empresas proveedoras de servicios aceptaron los términos de Pemex, Oro Negro no lo hizo y acusó a la petrolera de corrupción.

La firma integradora de servicios recibió durante sus primeros años contratos por más de 18 mil millones de dólares de Pemex, además de que se capitalizó con fondos de pensiones de las Afore Banamex y Sura. Después que fuera declarada en quiebra –en junio de 2019, cuando debía a sus acreedores 6 mil 500 millones de pesos–, se revelaron malos manejos de Gil White y Cañedo White.