Los juzgados noveno, décimo y décimo segundo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, resolvieron desechar dos juicios de amparo y no admitir otro, por presentarse contra las acciones de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en lo relativo a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Invade facultades del Poder Constituyente

Determinaron que dichos recursos no son casos urgentes y además no proceden. El magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, quien los promovió, consideró que tal fallo es un error de interpretación, porque no se presentaron contra el Poder Constituyente, sino contra los cambios propuestos por el Ejecutivo federal.

Durante una conferencia en la que también participaron sus homólogos Elisa Jiménez, Marco Polo Rosas y Patricia Aguayo, se informó que los tres amparos los promovió Reyes Rosas a título individual, y en dos de ellos ya presentó recursos de queja, pues él solicitó que se le concediera suspensión contra los actos de la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión Permanente, no así del Poder Constituyente.

Por otra parte, los magistrados advirtieron que la reforma pretende dinamitar al Poder Judicial, lo que afectará a toda la sociedad, porque no habrá un juez que haga frente al ejercicio abusivo del poder, y las modificaciones legales que se proponen no tienen la finalidad de mejorar la justicia, sino hacer que naufrague el tercer poder.

Durante la conferencia de prensa, los magistrados, integrantes de la Judicatura Federal, señalaron que la población desconoce que 67 por ciento de quienes imparten justicia cuentan con estudios de maestría y doctorado, además de tener que laborar al menos 13 años dentro del PJF antes de ocupar un cargo al frente de un órgano jurisdiccional.

Marco Polo Rosas destacó que otra pretensión de la reforma –cuyo dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y deberá pasar a discusión y aprobación en lo general y en lo particular en los próximos días– es aniquilar la carrera judicial, con ello los derechos laborales de 55 mil trabajadores, y anular la impartición de justicia.