l presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la relación con la embajada de Estados Unidos en México se encuentra en pausa tras las declaraciones del jefe de esa misión diplomática, Ken Salazar, respecto a la reforma al Poder Judicial que se tramita en el Congreso de la Unión. La semana pasada, Salazar aseguró que la eventual aprobación de la iniciativa representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México, llamó a los legisladores a modificarla e incluso amagó con controversias y acciones por parte de su país si se aprueba en sus términos actuales. Ya entonces, el titular del Ejecutivo calificó el exabrupto como una burda actitud intervencionista, desafortunada e imprudente, y estimó que no se trata de una opinión personal del embajador, sino de la postura del Departamento de Estado.

El diplomático respondió al mandatario y a la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante publicaciones en redes sociales, donde afirmó que su oficina se conduce con el máximo respeto a la soberanía de México, pero en ese mismo mensaje reiteró que a su gobierno le preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el Poder Judicial del gobierno de México. En resumen, Salazar se defendió de los señalamientos de injerencismo lanzando una nueva andanada injerencista, la cual fue retomada y magnificada por un grupo de senadores estadunidenses, quienes pretendieron dictar al Ejecutivo saliente y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, qué sí y qué no debe contener la reforma judicial.

La pausa diplomática es una medida correcta ante la insistencia de Washington en violentar la soberanía nacional y la insolencia contra las instituciones mexicanas desplegada por el funcionario y, sobre todo, los legisladores del país vecino. Como ya dejaron claro López Obrador y Sheinbaum Pardo, no se trata de enemistarse ni de abrir una confrontación con el país vecino del norte, sino sencillamente de que no hay nada de qué hablar, puesto que la elaboración y aprobación de las leyes que rigen en México es un asunto de exclusiva competencia interna.

Por lo demás, en unos meses más las reformas constitucionales en curso serán una realidad en nuestro país y tanto en Estados Unidos como en México habrá nuevos gobiernos; en ese sentido, habrá margen para dejar atrás el desencuentro provocado por los inadmisibles posicionamientos intervencionistas. En este sentido, el amarillismo de quienes señalan una ruptura de los lazos comerciales o de una crisis generalizada en la relación bilateral se encuentra fuera de lugar y sólo puede tomarse como uno más de los intentos de la derecha política y mediática para desestabilizar al gobierno federal.

Lejos de beneficiar a la causa de los integrantes del Poder Judicial que enarbolan su manida independencia como pretexto para mantener vivo el nepotismo, el tráfico de influencias y la arbitrariedad con que están acostumbrados a manejarse, quienes vociferan contra la reforma delatan cuáles son los verdaderos intereses a los que representa la judicatura. Al mismo tiempo, Salazar y los senadores de su país se evidencian como representantes no del pueblo estadunidense, sino de los agentes privados que se han beneficiado sistemáticamente de la corrupción de ministros, magistrados y jueces.