En la propuesta para liquidar la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) ha prevalecido más la prisa por eliminar organismos que se consideran onerosos, que la reflexión y el análisis. No hubo una discusión amplia sobre su papel en el sistema educativo ni si era conveniente o no su desaparición, afirmó Hugo Aboites, experto en temas educativos y de evaluación.

Creado en septiembre de 2019 como organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, su principal objetivo es incidir en la mejora continua del Sistema Educativo Nacional a través de la emisión de lineamientos, criterios, sugerencias y programas, así como la realización de estudios y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales.

Con la reforma al artículo tercero constitucional, aprobada en esta administración, se emitió la ley reglamentaria en materia de mejora continua de la educación, que señala la creación de Mejoredu, incluida en el dictamen que propone desaparecer siete organismos autónomos, aprobado el viernes por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Entre sus atribuciones está emitir criterios y programas para la formación continua y el desarrollo profesional de los maestros, con base en el análisis de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento.

Organismo fantasma

Sin embargo, maestros indicaron que en esta administración fue un organismo fantasma. Sólo guardó silencio pese a los múltiples problemas que afrontamos con la reforma educativa. Nos dejaron solos para poner en marcha una reforma de la que no sabíamos prácticamente nada.

Luego de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció la cancelación de los exámenes de asignación al bachillerato que aplica la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Aboites destacó que sería interesante que si se tiene realmente esta voluntad política, se revisen también las leyes generales de Educación y Educación Superior.

Son normas discutidas en las comunidades académicas y de investigadores, que aún generan enorme dolor a miles de familias al no establecer con claridad el derecho de adolescentes y jóvenes a la educación o dejar su aplicación a criterio de las autoridades universitarias.