Mazatlán, Sin., Diputados locales de Morena, PAN, PT y del Grupo Plural aprobaron el decreto 349 a fin de que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) realice una consulta previa, libre e informada a la comunidad universitaria para reformar la Ley Orgánica de la institución educativa con respeto a su autonomía.

Las legisladoras del Partido Sinaloense (PAS) denunciaron una intromisión del Congreso local en la UAS.

La 64 legislatura mandató al encargado de despacho de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, y a los órganos del Consejo Universitario que la consulta se realice del 26 de agosto al 6 de septiembre, la cual será observada por organismos civiles.

En la sesión, en la que 30 de 40 diputados aprobaron el decreto para que se aplique un cuestionario de seis preguntas a la comunidad universitaria, no estuvieron de acuerdo las seis diputadas del PAS, partido fundado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de dicha casa de estudios, ya fallecido.

El diputado presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Adolfo Beltrán Corrales, expuso que sus integrantes revisaron y analizaron un total de 36 propuestas de iniciativas presentadas por ciudadanos para reformar, adicionar y hacer derogaciones a la ley orgánica de la UAS.

Afirmó que dicho decreto tiene su soporte legal en los artículos segundo y tercero de la Ley General de Educación Superior.

Las seis preguntas aprobadas determinan la participación directa en voto libre y secreto de alumnos, docentes y trabajadores administrativos en la elección de rector, directores de unidades académicas, los integrantes del consejo universitario y de los consejos técnicos, así como paridad universitaria: 50 por ciento alumnos y 50 por ciento docentes y trabajadores en la integración de dichos consejos. De igual forma, la ocupación de cargos deben ser por igual para hombres y mujeres.

Tras la aprobación del acuerdo, se instruyó su publicación en el Periódico Oficial del estado y la notificación a la UAS a través del encargado de despacho de la rectoría, Lizárraga Otero.

Problemas añejos

Los conflictos de la UAS aumentaron en 2023, cuando la Auditoría Superior del Estado (ASE) solicitó la revisión de los recursos del presupuesto asignados por el gobierno estatal, información negada por la rectoría, situación por la que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del estado.

Tanto el rector Jesús Madueña Molina y el entonces director jurídico, Robespierre Lizárraga, fueron acusados de abuso de autoridad y los vincularon a proceso el 14 de septiembre de ese año en la causa penal 918/2023.

La ASE acusó que en dos ocasiones acudió sin obtener respuesta, para informar sobre la investigación de 38 facturas de transferencias de recursos que realizó el gobierno del estado a la casa de estudios por 2 mil 545 millones 213 mil 277 de pesos durante 2022.

El 18 de octubre de ese año, el juez Carlos Alberto Herrera, instruyó la separación del cargo de rector y a integrantes del comité de adquisiciones por la compra de tortillas por 45 millones de pesos.

En julio de 2024, la FGE denunció a la institución educativa por gastos no comprobados por más de 20 millones de pesos por contratación de obras y mantenimiento sin licitación entre 2021 y 2022.