Contraviniendo la legislatura nacional y el sistema universal de derechos humanos, el Estado mexicano utilizó de manera sistemática y generalizada durante la guerra sucia (1965-1990) la violencia contra la niñez y la adolescencia como estrategia contrainsurgente, con el propósito de desarticular, disminuir y eliminar desde la raíz al movimiento armado, organizaciones sociales y poblaciones rurales y urbanas organizadas.

Además, en algunos casos se les privó de la libertad faltando a las reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y en general a la Convención de los Derechos del Niño, sometiéndoles a un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos castigos corporales y prohibición de alimentos, de acuerdo con la investigación que realizó el equipo de Eugenia Allier Montaño, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad.

El informe final Verdades innegables. Por un México sin impunidad –que será presentado en próximos días y es independiente al que hicieron público sus compañeros comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart hace una semana–, señala que las niñas, niños y adolescentes fueron utilizados como mecanismo de tortura en contra de sus padres, mediante amenazas de muerte, tortura y apropiación.

En algunos casos, las amenazas de infligirles daño se cumplieron. Asimismo, fueron empleados como fuente de información para conocer la militancia de sus familiares. En los casos de niñez nonata, abunda el informe, se generaron situaciones de riesgo a la salud física y mental al momento del parto o los primeros días de vida, debido a las torturas a mujeres embarazadas.

En la investigación, elaborada con base en testimonios recopilados por el MEH y documentales, la historiadora da cuenta de 20 casos de varias partes del país de violaciones graves a derechos humanos contra la niñez y adolescencia, aunque aclara que eso no significa que sean los únicos, sino que ilustran cómo esta violencia traspasó generaciones.

Minerva Armendáriz Ponce, militante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), tenía 16 años cuando fue detenida arbitrariamente en 1973 y sometida a tortura estando embarazada en la quinta zona militar.

“Su hijo, Carlos David, nació con efectos sicosociales… y experimentó traumas con efectos a largo plazo. Durante muchos años presentó un cuadro de depresión severa, que se agudizó años después al ser detenido, el 3 de junio de 1998, junto al esposo de Minerva; durante su detención ambos fueron golpeados. Al día siguiente, el 4 de junio de 1998, Carlos David se suicidó”, de acuerdo con el testimonio contenido en el informe.

El documento apunta que quedan pendientes de investigar casos como la niñez violentada en la redada del 4 de abril de 1974, o la desaparición forzada de mujeres embarazadas y el paradero de sus hijos e hijas, y casos de apropiación de la niñez.