e dispararé en la p*** cara!, gritó un policía de la oficina del Sheriff cerca de Springfield en el estado de Illinois, y jaló tres veces el gatillo, asesinando a Sonya Massey, una mujer negra de 36 años en la cocina de su propia casa. Después de todo, el tirador, Sean Grayson, y otro policía dejaron que Massey se desangrara. A Grayson le daba flojera desperdiciar las cosas que tenía en el botiquín de su patrulla. Menos de una hora antes, cerca de la una de la mañana del 6 de julio, Massey –delgada, bajita y que aún se recuperaba de una cirugía– llamó a 911 para pedir ayuda. Creía que un ladrón se estaba metiendo a su casa. Grayson y otro agente –ambos blancos− llegaron al lugar y registraron los alrededores. Al no encontrar a nadie ni algún signo de robo, fueron a hablar con Massey. Le pidieron su identificación y entraron a la casa. Mientras ella buscaba el carné, Grayson le dijo que retirara la olla con agua hirviendo de la estufa. Cuando Massey procedía a hacerlo, se soltó una conmoción. Grayson, le ordenó que soltara la olla y que si no, le disparaba. Ella le dijo que lo reprendía en nombre de Jesús, pero también dijo perdón, dejó la olla y se agachó. El otro agente, que también sacó su arma, gritó por la radio ¡Disparos, disparos!.

En todo esto, Grayson tenía apagada su cámara corporal. Igual, por eso pensó que podía salirse con la suya, alegando que mató a Massey en defensa propia y mintiendo que la maldita p**** loca se le fue encima con agua hirviendo. Pero la cámara de su compañero sí estaba encendida y expuso todo. Massey en ningún momento se mostró agresiva. No amenazó a los agentes. No corrió hacia ellos. En el momento de recibir los disparos en la cabeza estaba tirada detrás del mostrador. La olla que antes tenía en la mano ya no tenía agua. En un tiempo récord, el 17 de julio, la corte en Springfield dictó acusaciones en contra de Grayson –que quedó despedido del trabajo y en prisión preventiva– por asesinato en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial (el otro agente fue suspendido).

Pero la acción inmediata en este caso es una excepción. No sólo Massey fue la persona número 701 asesinada por la policía en Estados Unidos en lo que va de este año (y a lo que hay que añadir otras 59 personas más desde el 6 de julio), sino que menos de 2 por ciento de los tiroteos policiales son procesados y menos de la mitad terminan en condenas. De hecho, en los primeros días después del crimen, según la policía, Massey, se suicidó (sic). El primer reporte habló de acto autoinfligido y eso es lo que inicialmente se le dijo a su familia. Luego, que le había disparado un vecino, y según otra versión, que fue asesinada por el ladrón que entró a su casa. Al principio, en ningún momento la policía admitió que se trató de un tiroteo policial.

Si bien una de las promesas de Donald Trump es dar inmunidad a los policías en cualquier tipo de prosecución para que puedan hacer su trabajo −análoga a la inmunidad para los actos oficiales que le entregó hace poco la Corte Suprema−, con lo que este tipo de problemas en Estados Unidos, en caso de su regreso al poder, se agravaría aún más, el asunto de la violencia policial tampoco deja bien parados a los demócratas. Joe Biden que condenó el asesinato de Massey, declarando que los estadunidenses deberían poder pedir ayuda sin temer por sus vidas, literalmente, durante su presidencia, los puso más en peligro. Y la muerte de Massey es fruto de sus políticas, no de las de Trump. Después de haber hecho la campaña criticando a su predecesor por el caso del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y la criminalización de los manifestantes de #BlackLivesMatter (#BLM) que pedían, entre otros, desfinanciar la policía, Biden redirigió los fondos de covid-19 para darle aún más dinero. ¿El efecto? 2023 fue el año en que más estadunidenses han sido asesinados por los agentes de la ley desde hace una década (sin mencionar que Biden hizo lo mismo con los activistas contra el genocidio en Gaza que Trump con los integrantes de #BLM: demonizarlos y justificar la violencia policial en su contra).

No sólo su proyecto de reforma policial fue hundido en septiembre de 2021, y sus llamados por la justicia racial –siendo el racismo un problema endémico en la fuerza policial– rebasados por sus lugares comunes sobre la inherente nobleza de un oficio de un policía y medidas concretas de más financiamiento, sino su vicepresidenta, y hoy candidata demócrata, Kamala Harris, durante su periodo como fiscal −de San Francisco y luego de California−, literalmente hizo su carrera protegiendo a los policías. Ayudó, por ejemplo, a anular un proyecto de ley que exigía las cámaras corporales en todo el estado –las mismas que expusieron el asesinato de Massey– y se opuso a un proyecto de ley que obligaba a su oficina a investigar los tiroteos policiales mortales. Bajo su mandato, California tuvo la cuarta tasa más alta de los policías disparando contra las personas negras. Incluso, su actual compañero de fórmula, Tim Walz, el gobernador de Minnesota, después del asesinato de Floyd si bien respaldó la investigación contra los policías –igual que el hoy gobernador de Illinois, otro demócrata, J. B. Pritzker–, falló en pasar una reforma policial estatal y tomó una postura altamente represiva hacia los manifestantes de #BLM. Con indepedencia de si es bajo Trump, Biden o −tal vez− Harris, sostener una olla con agua caliente en la propia cocina, es una situación de alto riesgo para millones de estadunidenses (y más así para los afroestadunidenses).