Durante la guerra sucia (1965-1990), la represión que ejerció el Estado en contra de organizaciones político-militares (OPM), de movimientos estudiantiles y obrero-sindicales llevó a la detención y desaparición forzada de por lo menos mil 103 personas. Una de las violencias de aniquilamiento que caracterizó este periodo fueron los vuelos de la muerte, de los que si bien se desconoce el número de víctimas, hay indicios de que podría hablarse de cientos, de acuerdo con el informe que realizó el equipo de Eugenia Allier Montaño, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad.

En la investigación, independiente a la elaborada por sus compañeros comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, la historiadora identifica a más de 2 mil personas implicadas en la represión que se ejerció en ese periodo, entre ellos ex funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, como integrantes del Ejército, Secretaría de Gobernación, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), policías judiciales, municipales y estatales, entre otros.

El informe final Verdades innegables. Por un México sin impunidad –elaborado con base en 226 testimonios y la consulta de archivos, y que será presentado en próximos días–, arroja hallazgos claves como una lista de 23 personas detenidas en el Campo Militar número 1 en 1978, y el Plan de Operaciones Rosa de los Vientos, con el que la DFS se propuso localizar, detener y consignar a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Sobre los vuelos de la muerte, Allier confirma que fueron parte de una estrategia más amplia de contrainsurgencia desarrollada en dos etapas entre 1971 y 1980. La primera, entre 1971 y 1974, donde personas detenidas arbitrariamente eran lanzadas al mar, ríos o lagos, desde aeronaves militares, principalmente helicópteros.

La segunda se identifica entre 1974 y 1980, cuando se volvió una práctica sistemática y organizada desde el Estado, operada por el denominado Grupo Informativo de Inteligencia, integrado por elementos del Ejército y de la policía civil. Para ello se dispuso de dos aviones Arava de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Según declaraciones del militar Margarito Monroy Candia, contenidas en el informe, estas operaciones se hacían entre las 3 y 6 de la mañana con las luces apagadas para pasar desapercibidos y por cada vuelo se subían siete u ocho cuerpos (al avión).

De acuerdo con la investigación, esta práctica clandestina no se limitó a operar desde la base militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero. Allier cita al general José Francisco Gallardo Rodríguez, quien en su momento declaró que en 1971, en Jalisco, 20 jóvenes detenidos por militares fueron lanzados al lago de Chapala desde un avión de la FAM que despegó de la base de Zapopan.

La historiadora también amplía la información sobre el documento que su equipo recientemente ubicó en los archivos del Comité ¡Eureka! con un listado de nombres de 183 personas que habrían sido arrojadas al mar en los vuelos que despegaban desde Pie de la Cuesta.

En la lista entregada en 2004 a Rosario Ibarra de Piedra por un presunto ex militar, aparecen personas detenidas y desaparecidas en diversas entidades del país, algunas vinculadas a OPM, como la Liga Comunista 23 de Septiembre.