El trabajo del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia, que depende de la Secretaría de Gobernación (SG), no estuvo exento de dificultades tanto entre sus cuatro integrantes como con la dependencia federal, en temas de presupuesto, administrativos y manejo de información, lo que en cierta medida limitó su labor.

Los comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart dan cuenta de ello en su informe final, en el que si bien indican que formalmente tuvieron autonomía técnica para la investigación, en los poco más de dos años de trabajo se toparon en la SG con la imposibilidad para ejercer recursos materiales de manera directa, determinar las condiciones de contrato del personal, hasta presiones que recibimos por los contenidos del informe y de nuestros pronunciamientos públicos.

Señalan que el MEH contó con personal dos meses después de instalada la comisión, el 10 de diciembre de 2021, y hasta septiembre de 2022 tuvo un equipo de investigación completo de 49 personas. No obstante, al cierre de su informe se tenían adeudos salariales a 20 colaboradores.

Falta de constancia

Los comisionados indican que también faltaron constancia y seguimiento de las reuniones plenarias de la Comisión de la Verdad, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, ya que éstas fueron esporádicas e insuficientes y generaron una evidente desvinculación de los trabajos de este mecanismo con los comités de Justicia, Memoria y el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Asimismo, existió un funcionamiento nulo o ineficiente de algunos de los comités. Particularmente lamentaron que desapareciera el de Impulso a la Justicia, tras la renuncia de dos de sus integrantes en mayo de 2023, y la salida de Ángela Buitrago dos meses después.

Además de que faltó comunicación con la CEAV, refieren también la negativa de instituciones claves para acceder a la información, entre ellos la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

De manera interna, desde enero de 2023 comenzó a haber evidentes desacuerdos entre su equipo y el que encabeza la comisionada Eugenia Allier, sobre cuestiones de la investigación, contenido del informe final y maneras de trabajo.