La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó que se inicie un procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García, a quien se atribuye trasgredir diversas leyes y faltas a la Constitución.

En su sesión de este jueves, diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) abrieron el juicio y establecieron el jueves 22 de agosto a las 16 horas como límite para que García acuda al proceso de forma presencial o entregue su informe de defensa por escrito.

Los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC, al que pertenece el mandatario estatal) Sandra Pámanes, Iraís Reyes y Raúl Lozano, así como la morenista Anylú Bendición Hernández, también integrantes de la comisión, no acudieron a la reunión.

Se le da vista al gobernador para que envíe en cinco días hábiles su tema o su defensa de los hechos señalados, y él puede venir en lo personal o puede mandar el informe con base a su estrategia jurídica y respecto a eso, la comisión analizará la respuesta del gobernador, mencionaron.

Los legisladores federales José Luis Garza y Annia Gómez, del PRI y el PAN, respectivamente, presentaron la solicitud de juicio político el pasado 9 de agosto, pero el miércoles de esta semana se le dio lectura en la Comisión Permanente, que lo turnó a la Comisión Anticorrupción con carácter de urgente.

De acuerdo con el escrito que ambos diputados federales presentaron, García habría violado 18 artículos constitucionales, además de que no publicó 23 decretos ni más de 100 acuerdos legislativos.

▲ Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, es acusado por dos diputados federales de violar 18 artículos constitucionales, no publicar 23 decretos ni más de 100 acuerdos legislativos. También se le imputa no haber presentado el presupuesto estatal correspondiente a 2024.Foto tomada de la cuenta del mandatario en X

Además se le atribuye violar cinco artículos de leyes secundarias en siete hechos presuntamente probados, principalmente por siete resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación.

Igualmente se le reprocha no presentar el presupuesto estatal correspondiente a 2024, y la intención de imponer a Javier Navarro, secretario general de Gobierno, al frente del Ejecutivo estatal de forma interina.

Los integrantes de la Comisión Anticorrupción reconocieron que es probable que no se alcance a revisar todo el contenido del juicio en esta 76 Legislatura –que concluirá el 31 de agosto– y ya se le dio entrada para que inicie el proceso y se dictamine.

En el acuerdo que la Comisión Anticorrupción emitió ayer se estableció que la denuncia de Gómez y Garza tiene elementos de prueba que, una vez verificados, hacen presumir la existencia de violaciones a las fracciones 6 y 7 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, y la probable responsabilidad del Ejecutivo.

Por tanto, se instruyó a la Oficialía Mayor que a través de la Dirección Jurídica del Congreso se emplace al denunciado para que informe a esta comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la denuncia y de los demás documentos que la integran.

También se solicitó al gobernador informar quién será su defensor en el juicio, o si requerirá de un defensor de oficio.

Con información de ABC Noticias