La oposición a que se reforme y democratice el Poder Judicial de la Federación (PJF) es porque está al servicio de minorías, de grupos de intereses creados. Es un apéndice del poder económico del país, que no quiere que se atienda a todos los mexicanos como establecen la Constitución y las leyes; quieren tenerlo secuestrado, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario destacó la excarcelación –la madrugada de ayer– del ex gobernador de Puebla Mario Marín, quien enfrentará su proceso penal bajo arraigo domiciliario.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, también señaló que los jueces, magistrados y ministros del PJF que convocan a paro este 19 de agosto contra la citada reforma están en su derecho; somos libres, pero llamó a los empleados del sector, quienes, aseguró, son los que trabajan, a que no sean utilizados, al destacar que aun con salarios de 35 mil pesos al mes, la mayoría gana 10 veces menos que un juez y 20 menos que un magistrado.

Si van a hacer huelga este 19 de agosto, aclaró, nada más les encargaría, con todo respeto, que nos ayuden a resolver, porque ahí tienen guardados dos expedientes como de 35 mil millones de pesos que ya deberían solucionar, porque no hay fundamento legal (para no hacerlo). Los tiene la señora (Norma) Piña allá en su escritorio.

Sobre los llamados de la Coparmex a que las autoridades electorales no permitan la supuesta sobrerrepresentación en el Congreso, señaló que es de dominio público que ese organismo empresarial es un sector del PAN, así como antes en el PRI lo fue la Confederación Nacional Campesina o a Confederación de Trabajadores de México.

Expuso que esa denuncia es una actitud muy deshonesta del bloque conservador, pues subrayó que no existe fundamento legal ni político para ello.

“No es posible que digan ‘la ley es la ley’, y ahora quieran interpretar de distinta forma lo que expresamente establecen la Constitución y la ley en la materia”. Recordó que con ese mismo marco legal se resolvió la distribución de los legisladores plurinominales desde hace al menos una década o cuando menos cinco elecciones.

Destacó que entre quienes protestan está el ex presidente del INE Lorenzo Córdova, quien ya ha definido legalmente sobre ese tema, de conformidad con lo que dicta la Carta Magna. Ahora ya no quieren que se resuelva de esa manera. Y políticamente está mal que mientras les ayudaba ese marco legal no decían nada, se beneficiaban de lo que ellos llaman sobrerrepresentación y no decían nada.

Aseguró que cualquier cambio en la asignación de legisladores plurinominales se puede arreglar, pero modificando la Constitución y la ley, porque si no se aplica la fórmula vigente será una violación a la Constitución y una violación flagrante a la ley en la materia.