Buenos Aires. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que el llamado partido judicial protege a los responsables directos del atentado que sufrió el 1º de septiembre de 2022, al declarar como testigo en el juicio que se sigue por el intento de asesinato que sufrió, cuando un hombre le apuntó con una pistola y la accionó dos veces a escasos centímetros de su cabeza, pero se trabó la bala.

Fernández de Kirchner enumeró los hechos de violencia que había padecido con anterioridad sin que actuaran los policías como correspondía, en una audiencia en la que estuvieron presentes en la sala los tres acusados directos: Fernando Sabag, su ex novia Brenda Uriarte y Nicolás Carrizo, pero no los responsables y los que financiaron el atentado frustrado.

La acompañaron figuras del peronismo como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, senadores, diputados intendentes y dirigentes importantes, y otras personalidades, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y afuera la esperaron cientos de manifestantes.

Fernández de Kirchner, quien era vicepresidenta cuando sufrió el ataque, señaló al llamado partido judicial, que reúne a jueces y fiscales que se unieron durante el gobierno del derechista Mauricio Macri, en los hechos de violencia, algo en lo que también intervino la embajada de Estados Unidos.

“El ‘partido judicial’, en articulación con los medios hegemónicos de comunicación, fueron factores fundamentales en la exacerbación de la violencia. Hoy no hay golpes militares. Se cambió de metodología. En épocas de odio y de redes, ya no es necesario desaparecer ni matar a nadie, aunque en algún caso parece que sí. Lo que articula todo esto es el poder económico concentrado”, acusó Fernández.

Agresiones previas

Entre las agresiones que sufrió, recordó el caso en que habiendo tanta vigilancia policial en el Congreso, nadie hizo nada cuando atacaron su despacho como presidenta del Senado con enormes piedras que le arrojaron durante 30 minutos y que destruyeron todo.

La violencia también fue ejercida al instalar un vallado alrededor del edificio donde vivía. Incluso el día que llegó su hijo, el diputado Máximo Kirchner, intentaron impedir que entrara y lo golpearon. Mostró las portadas de revistas y periódicos que dieron cuenta de esa violencia, entre ellos La Jornada.

Calificó de desastre la etapa de instrucción del caso a cargo de la juez María Eugenia Capuchetti, a quien mencionó como parte del partido judicial.

Explicó cómo no se dio cuenta el día del atentado de lo que había sucedido mientras ella levantaba un libro que se le había caído. Sentí que me llevaban adentro. Luego, ya en su departamento, vi la imagen que recorrió el mundo.

La ex presidenta consideró que hay una doble victimización. Primero, tuve que demostrar que yo no tengo la culpa de que quisieran matarme. Segundo, la invisibilización de todo este procesamiento, en el que están los autores materiales, pero no los intelectuales ni los financiadores, más allá de todas las pruebas que se adjuntaron.

Por otra parte, el gobierno de Javier Milei ordenó por decreto eliminar la unidad especial de investigación de la desaparición de niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), al argumentar que esa instancia vulnera el derecho a la intimidad, invade competencias del Ministerio Público Fiscal y afecta la división de poderes.

Se trata de una normativa aprobada durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner que posibilitó el hallazgo de más de un centenar de niños que fueron arrebatados a sus padres, gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, reconocidas en todo el mundo. La unidad tenía amplios alcances para lograr lo que hasta hoy se tiene y vulnera y debilita a los organismos de derechos humanos que este gobierno intenta desaparecer.

En tanto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que un millón de niños argentinos se van a dormir sin cenar y millón y medio de menores se salta alguna comida durante el día porque sus padres no tienen para comprar.

De acuerdo con el Unicef, la situación de pobreza en la población infantil escaló a niveles muy elevados.

Imputan a Alberto Fernández

En estos momentos la prensa intenta encubrir los principales sucesos dando espacio todo el tiempo a las denuncias que Fabiola Yáñez presentó desde España por violencia de género, extorsiones telefónicas y amenazas contra su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández, quien ha negado las acusaciones.

En sólo dos o tres días, el juez Julian Ercolini, integrante del partido judicial, imputó al ex mandatario, mientras la denuncia de Yáñez crece día a día. Una campaña de prensa feroz y brutal ensombrece el panorama, y también termina complicando la propia denuncia.