Integrantes y ex representantes de organismos internacionales advirtieron que, de ser aprobada en sus términos, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) incumpliría compromisos globales que México firmó en instrumentos como la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y abriría cuestionamientos de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Coridh.

En las tres mesas de análisis del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, realizadas ayer por el PJF, el ex presidente de la CIDH, Carlos Ayala, aseguró que un Estado no puede excusarse de cumplir esas obligaciones internacionales invocando el derecho interno, es decir, con cambios a su Constitución.

“Y esto viene de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Pacta sunt servanda (los pactos deben cumplirse), los tratados generan obligaciones jurídicas a los Estados, no existiría el derecho internacional si frente a un tratado adoptan una norma de derecho interno que desdice el tratado”, mencionó.

En tanto, Jesús Orozco Henríquez, ex comisionado vicepresidente de la CIDH, señaló que la iniciativa presidencial vulnerara la independencia judicial y el acceso efectivo a la justicia, a través de cambios como la nueva forma de elegir por el voto popular a los más de mil 600 jueces y magistrados del país.

Y aunque reconoció que es necesaria una reforma al PJF en México, exhortó a que sea apegada a estándares interamericanos e internacionales sobre derechos humanos.

Abrirían las puertas a eventuales cuestionamientos ante las instancias internacionales competentes, dijo el también ex magistrado del TEPJF.

En la última mesa de análisis, el ministro Ricardo Lorenzetti, de la Corte Suprema de Argentina, afirmó que lo que se ve ahora no son golpes de Estado sino debilitamiento del sistema democrático y de manera imperceptible se van socavando las instituciones que limitan los poderes y entonces finalmente, a lo largo de una serie de medidas, terminamos con un poder único, real, concentrado en el Ejecutivo, que termina controlando el Congreso y el Judicial.

El jurista sostuvo que la ampliación del número de integrantes de los poderes judiciales es una medida que ha fracasado por el desprestigio que ha tenido cada vez que se le implementó, porque ha tenido una falta de legitimidad.

Otra estrategia para atacar al Judicial, sostuvo, es desvirtuar a los jueces y con ello se deslegitima sus decisiones, y luego legislar contra sus resoluciones.

Asimismo, expuso que otra situación que se vive en diversas naciones, es que se hace creer a la sociedad que los poderes judiciales son contra mayoritarios, y por ello se llama a que se elija a los jueces y magistrados electoralmente, lo cual también vulnera la independencia judicial.