Santiago. Mes y medio después de un alzamiento militar, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció esta semana un referéndum para dirimir tres asuntos que castigan a su gobierno, y que el sistema político no resuelve, en un intento por viabilizar los 15 meses que le restan a su mandato.

Mediante un plebiscito, Arce decidió zanjar la cuestión de la reelección presidencial –foco de inagotable pugna con su otrora aliado, el ex presidente Evo Morales–, la distribución de las 130 diputaciones según la población de cada estado, y el subsidio a los combustibles, que cuesta al fisco 2 mil millones de dólares anuales.

La consulta no tiene aún fecha de realización y se desconoce la redacción exacta de las tres preguntas que se harán, las cuales deben pasar antes por control constitucional.

Y es que desde la intentona golpista del 28 de junio, las cosas parecen haber empeorado en Bolivia: una devaluación de facto de 100 por ciento de la moneda local, encareciendo el dólar desde ocho hasta 15 pesos bolivianos, aumenta la escasez de combustibles por atrasos en las importaciones.

Inflación, especulación, desabasto, protestas, bloqueo de carreteras y descontento social son una tormenta perfecta, dice desde La Paz, en diálogo con La Jornada, la politóloga Susana Bejarano, quien añade que el referéndum no soluciona la crisis estructural ni a corto o mediano plazo.

Subsidios a las gasolinas

Dirimir sobre la subvención a los combustibles servirá para ver cuán asentadas están las ideas estatistas o cuánto se ha instalado volver a recetas neoliberales, que en Bolivia están de moda; cuán afirmado está en la cabeza de los bolivianos el modelo económico, esa pregunta sirve para eso.

Si decide no, que no creo suceda, ese ajuste lo pagarán los pobres, pues 67 por ciento de la subvención al diésel va a la industria, implicaría alzas de precios, pero así no se responsabiliza el gobierno sino la gente. Es una jugada política, decisiones técnicas que los electores no debería asumir.

En cuanto a la relección indefinida, evidentemente se refiere a la lucha interna del Movimiento al Socialismo (MAS) y busca aclarar la disputa entre Arce y Morales, cierra las batallas jurídicas y, eventualmente, termina con la candidatura de Morales y lo obliga a pensar en un sucesor, lo cual reconfigura el escenario político y la guerra interna del MAS.

Bejarano recuerda que existe un fallo constitucional al respecto, impidiendo la relección por más de dos periodos, lo cual necesita ser refrendado por el voto popular.

Redistribución legislativa

La tercera pregunta, acerca de la redistribución de las diputaciones según cifras del censo 2024, está vinculada al choque permanente entre el centro político en poder del MAS y la provincia de Santa Cruz, bastión opositor, cuya población aumentó.

Los cálculos apuntan a que Santa Cruz gana cuatro diputados, uno pierde La Paz, dos Potosí y otro Chuquisaca.

Desde Santa Cruz hay dudas de que plebiscitar este asunto esté destinado a perder lo que tiene garantizado constitucionalmente, dice.

El gobierno “ha dejado a la interpretación de la opinión pública el contenido del referéndum, nadie ha dado una explicación de qué exactamente se va a preguntar.

El presidente no tiene la posibilidad de que esas preguntas tengan incidencia en la Constitución, no pueden decantar en reformas constitucionales, explica la politóloga.

Estima también que Arce busca oxigenar el campo político sacando del tablero a su archirrival Evo; el tema de los escaños bien hecho, sin afectar a Santa Cruz, persigue no entrar en conflicto con otros departamentos obligando al Parlamento a una modificación constitucional para aumentar de 130 a 134 diputados, mientras el tema de subsidios a los carburantes es dotar de legitimidad al modelo productivo venido a menos por la desaceleración de la economía.