San Cristóbal de Las Casas, Chis., Frente a la violencia y la criminalización, comunidades, pueblos y organizaciones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca acordaron fortalecer sus procesos de resistencia y organización, en una declaración dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), al término del segundo Encuentro regional: conflictividad, violencia y criminalización contra personas defensoras y el movimiento social.

En el acto convinieron la creación de comités para el resguardo territorial ante las amenazas, el fortalecimiento de sus procesos colectivos y la memoria histórica, la movilización, la visibilización de sus problemáticas y la construcción de alianzas y articulaciones amplias a nivel nacional e internacional.

Más criminalidad donde se impusieron proyectos

Explicaron que “la mayor presencia de la delincuencia organizada se concentra en las regiones de imposición de proyectos extractivos mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de carreteras (en Guerrero, Chiapas y Oaxaca).

A quienes estamos en oposición a dichos proyectos nos asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman. Esta práctica ha sido sistemáticamente operada por gobiernos federales, estatales y municipales.

Aseguraron que “existe una estrategia fallida de seguridad, la militarización no ha disminuido los índices de conflictividad, violencia e inseguridad; por el contrario, ha servido a intereses empresariales y al crimen organizado.

La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las comunidades son muestra de dicha situación.

Expresaron que “las comunidades desplazadas de manera forzosa por la violencia no son un escándalo de las organizaciones y los movimientos.

A partir de diversos informes, se han documentado la vergonzosa cifra de 21 mil indígenas desplazados en Chiapas en los últimos dos años, el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio, el reclutamiento de jóvenes, la violencia generada en el último proceso electoral, además de la criminalización contra integrantes del movimiento social.

Sostuvieron que las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades, fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro tejido social.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, afirmaron que a pesar de la difamación, la criminalización y la violencia, los pueblos indígenas seguiremos defendiendo los territorios de México que se ubican en el sur-sureste.