l juez F. Dennis Saylor IV del tribunal distrital de Estados Unidos en Massachusetts, desechó la demanda de México contra las armerías Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock & Strum y Ruger, argumentando que no tiene jurisdicción para evaluar la responsabilidad que la cancillería les atribuye en el comercio de armas que ingresan ilícitamente a territorio mexicano. La decisión no afecta el proceso contra otras dos fabricantes de armamentos ni implica que los mencionados queden absueltos de los delitos de los que se les acusa.
En octubre de 2022, el mismo togado desestimó la querella del gobierno mexicano contra siete fabricantes (los referidos más Smith & Wesson) y un distribuidor mayorista de armas de fuego, bajo el argumento de que las leyes de ese país inequívocamente prohíben demandas legales buscando responsabilizar a fabricantes de armamentos por los actos de individuos que las usen para sus propósitos y de que no hay excepciones aplicables al caso. De este modo, aunque entonces Saylor expresó considerable simpatía para el pueblo de México y ninguna para aquellos que trafican armas a organizaciones criminales mexicanas
, en los hechos garantizó la impunidad de quienes –como señalan las autoridades mexicanas– diseñan, fabrican y comercializan arsenales de guerra de una manera que saben que provee de manera rutinaria a los cárteles de la droga.
Las sucesivas decisiones del juzgador de Massachusetts exhiben hasta qué punto el marco legal estadunidense favorece los intereses de estas compañías: la legislación citada por Saylor, la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), fue firmada en 2005 por el entonces presidente republicano, George W. Bush, para permitir a los armeros desentenderse de las consecuencias letales de sus actividades lucrativas. Esta normativa refleja, a su vez, tanto la capacidad de disuasión del lobby armamentista para frenar a cualquiera que intente acotar sus abusos, como lo arraigado que se encuentra el culto a las armas en todas las capas de la población estadunidense.
Pese a los reveses sufridos en las cortes, el gobierno federal mexicano expresó su determinación de continuar con las acciones jurídicas en contra de las armerías, a las cuales exige una indemnización por 10 mil millones de dólares. De lograrse el cobro de esta cantidad, se sentaría un precedente histórico que obligaría a las empresas que lucran con la muerte a pensárselo dos veces antes de facilitar de forma activa o pasiva que sus productos alimenten a los grupos generadores de violencia en México. Incluso si la estrategia jurídica nacional se saldara con una derrota, tiene el mérito y la importancia de desenmascarar a los proveedores de armas del crimen organizado, así como la hipocresía de Washington al pretender que combate el tráfico de drogas al mismo tiempo que mantiene intacto el poder de fuego de los delincuentes.
Si realmente tienen el propósito de disminuir las más de 100 mil muertes por sobredosis que cada año dejan las sustancias ilícitas entre la población estadunidense, la Casa Blanca y las agencias de espionaje de ese país harían bien en atender la problemática de las armas, sin las cuales los cárteles no podrían desafiar a las fuerzas del orden público.
