Buenos Aires., El brutal asesinato de Susana Montoya, de 76 años, viuda de Ricardo Fermín Albareda, secuestrado y desaparecido durante la pasada dictadura militar en la provincia de Córdoba, y las amenazas escritas en las paredes que encontró Fernando, el hijo de la víctima, provocaron conmoción entre los organismos de derechos humanos del país.

Fernando Albareda fue amenazado en diciembre pasado, cuando le escribieron te vamos a juntar con tu papito y sos hijo de terrorista con seis balas en la puerta, lo que denunció en su momento, pero la causa abierta como amenazas calificadas quedó paralizada y ni siquiera se le otorgó vigilancia.

Ricardo Fermín Albareda fue un ex policía acusado de integrar el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y sufrió inenarrables torturas, de acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de la dictadura militar (1976-1983), y luego fue asesinado y desaparecido en el Centro Clandestino de Detención El Embudo, según el testimonio del ex guardia del lugar Ramón Calderón, quien narró las salvajes torturas aplicadas a la víctima, su agonía y muerte.

No ha trascendido mucho del asesinato de Montoya, pero todo apunta que el móvil no sería el robo. En una de las paredes de su casa estaba escrito con lápiz labial rojo en una pared: Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. Policía.

El cuerpo de Montoya, que tenía un fuerte golpe en la cabeza, fue encontrado por Fernando –quien acudió a la casa cuando no obtuvo respuesta a sus llamadas telefónicas– en el patio de la vivienda.

Los organismos de derechos humanos de Córdoba recordaron los tiempos en que operó la criminal Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que antecedió y luego participó en los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el terrorismo de Estado aplicado por el régimen castrense.

También señalan lo que sucede en estos momentos en el país, donde se amplifica el sistema de represión de alcances desmedidos tanto de espionaje, persecución, como es la creación de una unidad de Inteligencia Artificial, en el Ministerio de Seguridad que permite a esta institución el llamado patrullaje cibenético, por el cual se controlan teléfonos, celulares, computadoras, la posibilidad de allanar domicilios, detener arbitraria e ilegalmente, sin recurrir a la justicia.

Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que se podrán crear perfiles de sospechosos que de acuerdo con lo que sucede convierte en sospechosos a todos, e incluso cualquiera que critique al gobierno –como ya ha sucedido– puede ser considerado terrorista, como se hizo con cuatro detenidos en las movilizaciones pacíficas realizadas en los últimos tiempos, a los que se mantuvo en prisión en calidad de terroristas.

Lo ocurrido en Córdoba coincide con la conformación de una Secretaría de Inteligencia, en la cual se ha nombrado a figuras del pasado, y que incluso han trabajado en servicios de Inteligencia de Estados Unidos y de Israel. Se organiza todo tratando de convertir esta agencia en un espejo de la CIA y de otras similares

Se estima que los organismos de derechos humanos solicitarán que se investiguen las amenazas contra toda la familia Albareda y que esto también se haga ante la cantidad de denuncias en todo el país. Justo por estas horas hay una decidida lucha por la intervención del gobierno en la Universidad de Las Madres de Plaza de Mayo.

También se considera la violencia del hambre y de la situación de las universidades públicas de todo el país, que denuncian que no podrán continuar si no se soluciona el tema del presupuesto y no saben si podrán sobrevivir a partir del próximo mes. Los anuncios que promete Milei para la disolución del Estado son nuevos despidos masivos.

Todo esto, en momentos en que aumentaron de manera indiscriminada los precios de los alimentos, las tarifas del transporte y otros servicios públicos y se advierte que todo está preparado para la represión y la anulación de todos los derechos a protestar.

El hecho de enviar el proyecto de ley para anular el artículo constitucional que impide que las fuerzas armadas actúen como seguridad interna es muy grave, ya que quedarían bajo el control de la ministra de Seguridad, niveladas con la seis fuerzas de seguridad interna, que han recibido equipos y armamentos, conformando un verdadero ejército, que de continuar con los proyectos de control social, se convertirían en fuerza de ocupación.