Oportunidad para la justicia en Ostula
e inicia agosto y se acerca la fecha en que el aparato de justicia en Michoacán tendrá la oportunidad de reconocer el territorio que corresponde por derecho a los nahuas de la comunidad de Santa María Ostula, localizada en el litoral del Pacífico, región codiciada por el crimen organizado, las mineras, las inmobiliarias y demás intereses ajenos representados por supuestos pequeños propietarios de La Placita. Pero le pertenece a los pobladores originarios.
El pueblo nahua se respalda en la resolución presidencial del 27 de abril de 1964 que les otorga la propiedad de 19 mil 32 hectáreas. Cuentan también con los títulos primordiales emitidos durante la Colonia española, pero nada de esto importó, pues en los años siguientes se dieron una serie de irregularidades en la ejecución de la resolución y paulatinamente un grupo de mestizos de la comunidad vecina de La Placita empezó a invadir el lugar. Desde mayo de 1997 recomenzaron la lucha legal por la restitución, respaldados por la razón y la historia, pero no por la justicia.
Ante la inacción de las autoridades, los nahuas de Ostula recuperaron hace 15 años sus tierras y crearon ahí el nuevo poblado de Xayakalan. Pero en estos tres lustros el hostigamiento hacia los pobladores no ha parado, dejando un saldo de 40 comuneros asesinados y seis desaparecidos. Todos en la impunidad.
Las batallas también han estado en los tribunales. En diversos momentos la (in) justicia ha emitido sentencias que han favorecido a los pequeños propietarios
de La Placita. Y justo en estos días el segundo tribunal colegiado en materias administrativa y de trabajo del décimo primer circuito, de Morelia, Michoacán, resolverá el juicio de amparo directo (463/2023) mediante el cual la comunidad de Ostula impugnó la resolución del Tribunal Superior Agrario, que falló a favor de la gente de La Placita, en un juicio con probadas irregularidades.
Hoy enfrentan la última instancia jurídica a la que pueden recurrir. Los nahuas mantienen sus tierras con su Guardia Comunal, mientras el Poder Judicial Federal tiene la oportunidad de resarcir el daño causado a todo un pueblo y que, por fin, se respeten sus tierras.
