Buenos Aires., El gobierno del ultraderechista presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley para permitir que las fuerzas armadas participen en seguridad interior en la lucha contra el terrorismo y puedan controlar personas y ve­hículos que pueden ser considerados sospechosos y proceder a detenciones en flagrancia, ­además de la creación de un comité de crisis, lo que junto con otras ­medidas recientes del Ministerio de ­Seguridad Nacional encendieron una alerta roja en los ­organismos de derechos humanos, bajo la mira de la actual administración.

En relación con el comité de crisis deberá calificar la situación como acciones terroristas que tengan por fin atemorizar a la población y pongan en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación. Así lo anunció hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras Milei sostiene que su gobierno propone la reconciliación militar, y se están dando pasos para liberar a los militares detenidos por crímenes de lesa huamanidad, que no prescriben y en momentos en que siguen encontrando restos de personas desaparecidas durante la pasada dictadura militar.

El proyecto determina que el comité de crisis podrá ordenar a las fuerzas armadas medidas como patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles y proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes en zonas especialmente determinadas y por tiempo limitado y la aprehensión en flagrancia.

La actuación de las fuerzas armadas en estas situaciones deberán contar con la autorización del gobernador o los gobernadores de las zonas afectadas. Y en estos casos el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos que utilizan las cinco fuerzas de seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ámbito.

Esto determina que habrá un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la subsecretaria de Seguridad Interior de la Nación.

En caso de que los militares debieran usar medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectivo deberán hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional. Su accionar será calificado en cumplimiento de deber y por lo consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del código penal.

Esto significa borrar el artículo constitucional que impedía a las fuerzas armadas participar en seguridad interior, lo que se logró imponer después de la última y cruenta dictadura militar. Es doblemente grave porque, además de que su papel histórico era defender la soberanía nacional, ahora no podrán ser juzgados.

Unido al nefasto anuncio de la Unidad de Inteligencia Artificial para hacer un patrullaje cibernético que impuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, significa la intervención en la vida privada, el control de teléfonos, computadoras y otros, mediante lo cual pueden obtener todo tipo de comunicación y conformar perfiles de sospechosos lo que deriva en allanamientos y aseguran la persecución política habilitada.

Decisiones dictatoriales, denuncia Pérez Esquivel

Consultado por La Jornada, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, advirtió que ante la grave situación que está viviendo el país, se le añaden estas nuevas decisiones dictatoriales, que intentan borrar todo lo que se había logrado avanzar en derechos y el camino de la paz.

Esto es grave y muy peligroso para todo el pueblo cuando ya peligra la soberanía nacional y señaló la necesidad de evitar que estos proyectos sean votados en el Congreso, porque permitirán las violaciones de todos los derechos y de los avances que habíamos logrado y que el mundo nos acompañaba y respetaba”.