La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México dirigió la Recomendación 07/2024 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por la tortura infligida a una niña de 10 años y su familia y la detención ilegal y arbitraria de su hermano por policías el 10 de febrero de 2022 en la demarcación territorial de Álvaro Obregón.

La ombudsperson Nashieli Ramírez informó que por primera vez en su historia la CDHCM emite un instrumento recomendatorio donde una víctima directa de tortura es una menor.

Ante ello, la SSC debe solicitar que esta recomendación se integre a la carpeta radicada en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y sea considerada por la autoridad ministerial, a fin de que las víctimas obtengan justicia, dijo.

La cuarta visitadora, María Luisa García, señaló que ese día, a las 22:33 horas, sin una orden judicial arribaron policías en 14 patrullas e ingresaron al domicilio de Verónica Albiter Gutiérrez, quien estaba con su hija, y le exigieron dinero y que les dijera dónde estaba su hijo.

Tras amenazarla, la encañonaron y subieron a una patrulla, mientras la menor entregaba a los uniformados dinero y a gritos les dijo dónde estaba su hermano a cambio de que no maten a mi mamá y dejen de golpear a mi papá.

Acompañada de una vecina, llegaron a donde estaba Erik López Albiter, a quien subieron a otra patrulla, donde le pegaron, le cortaron la respiración con una bolsa, lo amenazaron y lo obligaron a grabar un video haciéndose responsable de un homicidio, narró.

Su detención, comentó, fue alrededor de las 23:30 horas, pero fue presentado hasta las 2:24 horas del 11 de febrero ante el Ministerio Público, difundiéndose además una fotografía en redes sociales y medios de comunicación, haciéndolo responsable del presunto delito.

Presentaron la queja

La menor, junto con la vecina, fueron dejadas a unas calles de su domicilio, al igual que su mamá. En febrero y abril de ese año presentaron dos quejas ante la CDH, mismas que llevaron a abrir una investigación, explicó.

Tras el análisis jurídico de la carpeta de investigación, la revisión de grabaciones, entrevistas con testigos y dictámenes médicos y sicológicos, manifestó la visitadora, se acreditó el delito de tortura y la responsabilidad de los servidores públicos de la SSC.

La presidenta de la CDH detalló que entre los puntos recomendatorios a la SSC está revisar su Protocolo General de Actuación Policial, y junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, inscribir a las tres víctimas directas y tres indirectas y proceder a las medidas de reparación integral.