La Cámara de la Industria Minera (Camimex) y sus afiliados realizan presión y campañas publicitarias para preservar los privilegios de los que la minería ha gozado durante décadas; aunque este sector sólo genera 0.58 por ciento del empleo formal en el país, es una actividad de alto riesgo y en las zonas donde se asientan nueve de los 21 centros productores de oro, predominan niveles de pobreza y pobreza extrema más altos que en el promedio nacional y en algunos los índices de marginación son alarmantes, advirtió el grupo Colectiva Cambiémosla Ya.

Demandó a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y a su equipo que tomen las medidas para mantener vigente la Ley de Minería aprobada por el Congreso de la Unión en 2023, avalar la iniciativa de reforma constitucional de medio ambiente, que prohíbe la minería de tajo a cielo abierto propuesta en este mismo año, y cumplir con el compromiso 87 de evaluar las concesiones ya otorgadas para conocer los impactos socioambientales y saber lo que las comunidades y pueblos dicen al respecto.

Precisó que la contribución de la minería a las finanzas públicas durante los pasados seis años fue en promedio sólo 0.82 por ciento de la recaudación total del gobierno federal, cifra que ha tenido pocas variaciones durante la última década, a pesar de que diversos municipios de México figuran en los rankings mundiales por la extracción de oro y plata, entre otros productos.

Además, indicó la agrupación, la minería es una de las actividades que realiza mayor consumo y produce más contaminación de agua, la cual nunca pagó debido a que así lo establecía la Ley Minera de 1992.

Es gracias a la ley de 2023 que la industria minera tiene, por fin, la obligación de reportar el agua que utiliza.

Mencionó que este consumo privilegiado, dispendioso y contaminante del agua resulta inadmisible en la grave situación de estrés hídrico que enfrenta el país; ésta debe usarse para garantizar el derecho humano al agua y la producción de alimentos, no para que las mineras extraigan minerales que se llevan como materia prima sin informar a México los volúmenes que obtienen, sin pagar los impuestos correspondientes y sin generar valor agregado.

Llamaron a Sheinbaum a profundizar los cambios necesarios para frenar los abusos, procesos despojo y destrucción ambiental y comunitaria que se enfrentan en los territorios donde la gente tiene la enorme desgracia de que sus tierras han sido otorgadas en una concesión minera.