Buenos Aires., Mediante la resolución 710/2024 publicada ayer en el Boletín Oficial de la República Argentina, se creó la unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (Uiaas) para imponer el “patrullaje de las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada Internet profunda o dark-web”, lo que pemitirá analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios, entre otras funciones.

La Uiaas estará bajo control del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, quien no tiene experiencia alguna en este sistema pero que ya lo ha utilizado, y operará dentro de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos.

La creación de esta unidad –anunciada desde hace más de dos meses pero que pasó inadvertida en los medios locales, aunque se publicó en este periódico– agrava la situación en vigilancia y persecución de los sectores que enfrentan al gobierno del ultraderechista presidente Javier Milei.

Incluso en estos momentos se citan extraños movimientos, entre ellos el allanamiento de la vivienda de un joven en un barrio de Buenos Aires, con base en un diálogo que mantuvo en la red social Instagram en el cual, supuestamente, amenazaba con disparar en la cabeza al presidente Milei.

Bullrich solicitó a la justicia federal autorizar el allanamiento, con una movida policial asombrosa, para acceder a las redes sociales que manejaba el joven detenido. De acuerdo con la ministra, esto demostró un pensamiento ideológico con vínculos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público.

¿Es o no una persecución política como ha sucedido con otros?, es la pregunta que se hacen aquí. También se recuerda un anuncio hecho por Bullrich al comenzar este año, diciendo que el ministerio de Seguridad había descubierto e impedido un plan, en el que estaban involucrados tres hombres de origen sirio-libanés, para atentar contra el gobierno.

Luego de haber sido detenidos y acusados de preparar un atentado, los tres fueron puestos en libertad por un juzgado federal porque no se pudo encontrar ninguna prueba.

Lo grave es que los detenidos no tenían ninguna actividad política y la funcionaria ni siquiera ofreció una disculpa.

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