En los pasados cuatro años, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) emitió 82 medidas precautorias en contra de intervenciones o actividades no autorizadas a inmuebles con valor histórico, artístico y/o arquitectónico en la Ciudad de México, a fin de evitar o detener la consumación irreparable de daños al patrimonio cultural urbano.

La autoridad identificó la existencia de constantes violaciones a la normativa que afectan a inmuebles con valor patrimonial, que han sido objeto de modificaciones sin que, en ningún caso, haya acciones para conservar sus características; al contrario, son objeto de trabajos distintos a los autorizados. Entre ellos están los casos de República del Salvador 96, en la colonia Centro, y Colima 338, en la Roma, donde se buscó la demolición parcial del inmueble en el primer caso, y aumentar el número de niveles y realización de obra nueva en el segundo.

Ante esa situación, la PAOT envió al Congreso local una propuesta para modificar la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la ciudad, a fin de regularizar las intervenciones a edificios patrimoniales.

Se propone implementar áreas de conservación patrimonial y formalizar el concepto de daño al patrimonio, con lo que impondrían entre cuatro a siete años de prisión y multas de entre 500 a mil veces la unidad de medida y actualización vigente, es decir, entre 54 mil 285 y más de 108 mil pesos, a quien, sin contar con autorización, permiso, dictamen o visto bueno de la autoridad cause daño, destrucción, deterioro, afectación o modificación a algún bien declarado, reconocido, catalogado o enlistado como patrimonio cultural, arquitetónico, artístico o histórico.

La PAOT propuso que el fondo de salvaguarda del patrimonio cultural, natural y biocultural otorgue recursos a las alcaldías para apoyar acciones de conservación, revalorización, investigación, difusión y enriquecimiento; el cual, además, deberá estar integrado por donaciones, aportaciones y multas que se impongan a los infractores.

Asimismo, sugiere el otorgamiento de estímulos fiscales para el cumplimiento de reglas relacionadas a la protección de inmuebles.

Se evidencia la necesidad de fortalecer la legislación en la materia para garantizar una efectiva aplicación y exacta observancia en defensa del ordenamiento territorial, así como la preservación, protección, conservación y revalorización y restauración del patrimonio cultural urbano, y con ello evitar que intereses individuales exploten a su favor interpretaciones oscuras y/o vacíos legales que presentan las disposiciones jurídicas en detrimento del orden público y el interés general.