sta semana se ha brindado al público información acerca de la situación actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las dos grandes compañías energéticas nacionales que en el presente sexenio fueron objeto de un saneamiento profundo y de un verdadero relanzamiento que las pone en vías de superar de manera definitiva los graves daños que sufrieron a manos de las administraciones neoliberales.

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, afirmó que “no resulta exagerado utilizar el concepto de rescate, pues desde muchas lecturas la condición prevaleciente en 2018 era precaria" a causa de muchas decisiones previas que infligieron a la empresa un deterioro operativo muy crítico, una circunstancia financiera débil, así como falta de transparencia y negociaciones desventajosas con contrapartes comerciales. Con estos términos el funcionario se refirió a los contratos leoninos claramente lesivos para la empresa pública e injustificablemente favorables para sus socios privados, una impericia en los negocios que sólo puede explicarse por la corrupción de la tecnocracia que se apoderó de Pemex y de todo el aparato gubernamental en los sexenios anteriores.

Un dato ilustrativo de los esfuerzos para reflotar a la firma más grande del país se encuentra en la reducción de 25 por ciento de sus pasivos, los cuales pasaron de 132 mil millones de dólares en 2018 a 99 mil millones en 2024. Es cierto que este monto sigue siendo muy elevado y que representa un pesado lastre para las finanzas de Pemex, pero quienes usan ese dato para pugnar por su privatización omiten que la deuda no es producto de la falta de valor de la compañía, sino del saqueo sistemático al que fue sometida durante décadas. Las mismas voces que ansían entregar los bienes de todos los mexicanos a los dueños de grandes capitales machacan con el bulo de que el débito de Pemex es pagado con recursos presupuestales que podrían invertirse en subsanar las innegables carencias sociales.

Se trata de una doble mentira, pues los recursos que la empresa aporta a Hacienda cuadruplican los que le son asignados: privatizarla no sólo no ahorraría un centavo a la Federación, sino que la dejaría sin su mayor fuente de ingresos fiscales.

Por su parte, el subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, Miguel Alejandro López, señaló que la existencia de una empresa pública ahorró 400 mil millones de pesos a los consumidores –desde los hogares hasta la mediana y gran industria, además de los comercios y el sector agrícola–, en comparación con lo que habrían pagado si en el país se aplicaran las tarifas vigentes donde la iniciativa privada domina la generación y distribución de electricidad.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que a los particulares beneficiados durante el periodo neoliberal no les importa la economía popular, lo que les importa es el negocio y, en el peor de los casos, el atraco, el robo.

La ciudadanía debe tener presentes estos hechos en cualquier discusión sobre el futuro de Pemex y la CFE, ya que la verdad es la mejor prevención ante el golpeteo desinformador de un sector mediático-empresarial que desea lucrar a expensas de México. En lo inmediato, los datos mencionados dan contexto y permiten apreciar la importancia de la iniciativa de reforma constitucional promovida por el mandatario a fin de que la CFE recupere su rango de empresa estratégica.