Será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que determine la legalidad de los cambios estatutarios en el PRI en el lapso que marca la ley (30 días naturales), resolvió el pleno de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), decisión que primero analizará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y luego el Consejo General de ese órgano.

La consejera Carla Humphrey Jordan puntualizó que si el INE declarara la invalidez de estas reformas a los estatutos, el proceso de renovación de la dirigencia sería inválido.

Ayer, el magistrado Reyes Rodríguez informó que los dos proyectos que elaboró sobre las impugnaciones de los ex dirigentes nacionales del tricolor fueron rechazados por mayoría de tres votos, por lo que la petición de un grupo del partido para que la máxima autoridad resolviera este asunto quedó sin respaldo.

Ahora, la decisión queda en manos del instituto, que el pasado viernes 19 recibió el documento del PRI en el que informa de las modificaciones a sus estatutos.

“No sabemos los motivos de rechazo, no manifestaron… Pero ya hay una decisión”, la cual hasta el momento deja en la indefensión a los priístas que rechazan la relección de Alejandro Moreno.

Humphrey Jordan explicó que lo primero es determinar si están o no dentro de los plazos para poder hacer estos cambios. Lo segundo, “si se siguieron todas las formalidades para reformar los estatutos, es decir, si la convocatoria estuvo en tiempo y forma, si se enviaron los documentos a las personas que iban a participar en la asamblea, si los reglamentos se hicieron acordes con lo que dicen los estatutos, si se llevó a cabo con la participación de las y los militantes, es decir, si hubo quorum”. Y después analizar el plazo, la forma y, en su caso, entrar al análisis de si éstos son legales y constitucionales.