Cuernavaca, Mor., Al menos 70 policías estatales y municipales han sido asesinados en cumplimiento de sus deberes, o al concluir sus turnos laborales, durante la actual administración estatal que encabeza Cuauhtémoc Blanco, dio a conocer la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

El homicidio más reciente fue el de Ricardo Gómez, elemento de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de la capital, perpetrado el lunes anterior cuando el agente salía de la base de esa corporación en Cuernavaca.

El alcalde capitalino, José Luis Urióstegui, dio a conocer que Gómez tenía poco tiempo en la Seprac, pero por su actividad ya había sido amenazado de muerte, lo que había denunciado ante la Fiscalía General del Estado.

Urióstegui aseguró que como medida de seguridad se aprobó que portara un arma fuera de su horario de trabajo. La titular de la Seprac, Alicia Vázquez, expuso que Gómez no llevaba el artefacto el lunes, porque se le venció el permiso.

El ataque fue directo en su contra, había salido tras prestar el servicio, abordó su vehículo, se enfiló hacia el monumento a la Paloma de la Paz, hacia la autopista México-Cuernavaca, y ahí lo agredieron, detalló el edil.

El 15 de julio tres sicarios –uno de ellos menor de edad, ya detenido, imputado y vinculado a proceso– asesinaron a José Ernesto Castillo, elemento de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, mientras vigilaba el centro de transferencia de basura de Cuernavaca.

Asimismo, el 24 de junio anterior, fue ultimada en el municipio de Jiutepec la comandanta de la policía de esa demarcación, Dania Hernández, cuando salía de cubrir su turno.

El 5 de diciembre de 2019, sujetos asesinaron al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez, cuando llegaba a su domicilio en la unidad Teopanzolco de esa ciudad.

Ante los asesinatos de efectivos policiacos estatales y municipales el lunes se realizó en las instalaciones de la CES, una reunión extraordinaria del comité que administra los recursos del fondo de ayuda a los dependientes económicos de policías muertos en cumplimiento de su deber, para deliberar y dictaminar la procedencia de cuatro expedientes de agentes ejecutados.