La Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó irregularidades e incumplimientos en el Programa de Abasto Rural (PAR), operado por Diconsa, una de las dos empresas de la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde se investiga un presunto desfalco por alrededor de 10 mil millones de pesos entre 2019 y 2020, según las autoridades.

En auditorías concluidas en junio, la SFP revisó el desempeño del programa en 2023 y concluyó que existen elementos que apuntan a que sus recursos no se administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, pues observó anomalías como falta de cobro de pasivos, desabasto en las tiendas comunitarias establecidas por Segalmex para llevar alimentos a comunidades con problemas de acceso a la canasta básica y falta de supervisión en su operación.

El PAR tiene por objeto abastecer la canasta básica a precios accesibles a poblaciones lejanas y vulnerables de entre 200 y 15 mil habitantes que no tengan un servicio suficiente y adecuado de abasto local, según información de Diconsa. La paraestatal indica en su portal de internet que el programa beneficia a más de 22 millones de personas y que con sus más de 24 mil tiendas se ha convertido en un pilar fundamental para contribuir a la seguridad alimentaria de las familias mexicanas.

De acuerdo con auditorías obtenidas por este diario a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el PAR adolece de un insuficiente seguimiento y controles en sus procesos de cobranza.

Y es que luego de verificar el control interno de la cobranza que ejecuta la Dirección de Operaciones de Diconsa, se encontró que al cierre de 2023 había un saldo pendiente de cobro de 177 millones 780 mil pesos.

Al respecto, la SFP señaló que los controles internos de la paraestatal resultan insuficientes.

La SFP también reveló que mientras Segalmex-Diconsa reportaron que han superado sus metas al fortalecer la distribución y el abasto de productos en sus tiendas comunitarias, algunos de estos locales se encuentran entre 35 y 68 por ciento por debajo de la meta, es decir, que no cuentan con los productos que se supone deben tener.

Para la SFP esto indica que la población afectada se ve comprometida al comprobar que no existe la disponibilidad suficiente de los productos.

Adicionalmente, las auditorías descubrieron que Diconsa no cumplió con la meta de que 85 por ciento de las tiendas comunitarias contaran con supervisión, pues en este año sólo se cubrieron entre 59 y 80 por ciento de los locales.