Bogotá. Dos años y cuatro meses después de incursionar en un remoto caserío del departamento del Putumayo, en el sur de Colombia, 24 militares fueron imputados antier por el asesinato de 11 civiles que celebraban un bazar con el fin de recolectar fondos para obras sociales de su región.

Según la Fiscalía General (Procuraduría), se camuflaron con trajes negros para perpetuar la matanza que duró dos infernales horas, durante las cuales efectuaron más de mil 600 disparos contra los pobladores del caserío conocido como Alto Remanso. Un comunicado emitido por la fiscalía detalla que, luego de observar a la distancia la actividad social que se realizaba, los militares abrieron fuego de manera indiscriminada contra la pequeña aldea, afectando 13 casas, la caseta comunal, el polideportivo y el pequeño puerto sobre el río.

Los uniformados, integrantes del batallón contra el narcotráfico número 3, quisieron presentar los hechos como combate contra fuerzas irregulares de los denominados Comandos de la Frontera, pero las pruebas y los testimonios de los sobrevivientes demostraron que en total, 24 oficiales, suboficiales y soldados habían accionado sus armas, incluidas granadas y morteros, a sabiendas de que atacarían a civiles inermes.

En el asalto, ampliamente difundido en su momento por la mayoría de medios locales, murieron un gobernador indígena, el presidente de la junta de acción comunal de Alto Remanso, un menor de edad y otras ocho personas, campesinos e indígenas de esta región históricamente excluida y escenario de continuos episodios de violencia, derivados de las economías ilegales y de la presencia de cuatro estructuras armadas también al margen de la ley.

Según analistas locales, la imputación de cargos de la fiscalía contra los militares es clara señal del giro que experimenta esa entidad en materia de derechos humanos desde que Luz Adriana Camargo tomó posesión como Fiscal General, el pasado 22 de marzo.

Pese a que el comunicado fue divulgado con amplio despliegue en horas de la mañana, activistas en derechos humanos y dirigentes agrarios llamaron la atención sobre el hecho de que, hasta bien entrada la tarde, ningún medio de comunicación hubiera publicado la noticia sobre la inculpación a los elementos castrenses por la matanza.

Abuchean a Petro

En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, instaló este sábado la tercera legislatura del Congreso, en la que se tramitarán buena parte de las reformas que quedaron pendientes en los dos primeros años de actividad.

En su discurso pidió perdón por recientes hechos de corrupción que han implicado a altos funcionarios y aceptó la responsabilidad política por haberlos nombrado.

En horas del la mañana, el jefe de Estado presidió los desfiles militares conmemorativos del Día de la Independencia nacional, ceremonia en la que fue abucheado por una parte del público, en protesta por su retraso de dos horas.