Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), perfila rencauzar al Instituto Nacional Electoral (INE) los tres juicios promovidos por Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, ex dirigentes nacionales del PRI, contra las reformas a los estatutos del partido que se avalaron en la 24 asamblea nacional el pasado 7 de julio.

Dichas impugnaciones fueron coincidentes, pues las tres pidieron la anulación de las modificaciones a los estatutos del PRI, entre ellas la posibilidad de relección de las dirigencias nacionales.

Al pedir lo mismo, estos tres juicios se acumularon en un solo proyecto que conforma el juicio madre, pues es el origen de toda la cadena de ilegalidad que señalan los inconformes, el cual fue turnado al magistrado Reyes Rodríguez, quien también tiene en su ponencia un segundo proyecto de resolución de los mismos ex presidentes del PRI, pero contra la convocatoria para cambiar la dirigencia de ese partido, la cual fue aprobada el pasado 11 de julio por el Consejo Nacional del PRI.

En cuanto a las impugnaciones contra las reformas a los estatutos, el magistrado Rodríguez propone que en un plazo de 10 días naturales el INE se pronuncie sobre la prohibición de modificar estatutos en proceso electoral, para declarar su procedencia constitucional y legal, antes de una revisión judicial.

Con el fin de proteger el derecho de acceso a la justicia de las personas demandantes, se propone rencauzar sus demandas al Consejo General del INE para que éstas se analicen en conjunto con el procedimiento administrativo de revisión sobre la validez constitucional y legal de las modificaciones normativas, propone el proyecto de sentencia que ayer fue circulado a los demás togados.

El magistrado Rodríguez Mondragón estima pertinente que el INE se pronuncie sobre esta modificación de los estatutos y si vulnera lo establecido en el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, pues de confirmarlo, sería innecesario analizar la constitucionalidad y legalidad de las reformas estatutarias.