La desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), hace poco más de un año, dejó un gran hueco en el financiamiento a los productores del campo, lo que constituirá un gran reto en los próximos años, afirmó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al participar en un evento organizado por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), titulado Inclusión financiera en el medio rural, Ramírez de la O expresó que, hasta 2018, antes de la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la FND y FIRA se complementaban para atender el primer y segundo piso de la demanda de crédito agropecuario.

Al mismo tiempo, “FIRA contribuyó a la salida ordenada de la financiera con una estrategia de apertura acelerada de nuevas líneas de crédito, esquemas de garantías de portafolio y fortalecimiento de sus canales de distribución financiera.

Esta respuesta, aun cuando fue limitada por los tiempos en que se ejecutó, apunta a donde podemos reforzar la acción complementaria de FIRA con el resto de las instituciones, incluyendo por supuesto la Secretaría de Agricultura, planteó el titular de las finanzas públicas.

En abril de 2023, el presidente López Obrador dio a conocer una reforma para desaparecer la FND, con el argumento de que esta institución estaba atrofiada y era incapaz de cumplir el objetivo de impulsar el desarrollo rural y mejorar el niveles de vida de la población por medio de los créditos al sector primario.

A finales de mayo del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el cual se hizo oficial la extinción de la FND, entidad que al cierre del primer semestre de 2023 (según su último reporte de resultados) tenía pérdidas por 4 mil 843 millones de pesos.

El saldo de la cartera de financiamiento de la FND al concluir el primer semestre de 2023 era de 10 mil 736 millones, pero su índice de morosidad era de 51.9 por ciento; es decir, la mitad de sus préstamos no eran pagados.

El secretario de Hacienda precisó que, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), solamente 6 por ciento de los municipios catalogados como rurales tienen representación de la banca comercial, lo que refleja que en el ámbito rural son otros intermediarios y no los bancos los que han mostrado interés en ofrecer crédito a los productores rurales.

Ahora el crédito rural tendrá un rol más fuerte en la política pública de impulso al campo, por lo que una mayor coordinación institucional será clave para lograrlo.

Agregó que la pandemia de covid-19 en 2020 recordó “que la producción de alimentos y la salud son dos sectores esenciales, y durante la pandemia la actividad agropecuaria funcionó como un sector contracíclico que dio soporte a la actividad económica. Esa fue una gran llamada de atención para todos.

De ahí la importancia de que la estrategia de financiamiento al campo esté mejor articulada y coordinada con la política para el campo. Debemos seguir adelante. El futuro seguirá siendo de retos. Diseñar modelos que funcionen para llevar crédito al campo no es fácil en ningún lugar del mundo; por fortuna, contamos con más herramientas. Las tecnologías financieras, Internet y la información están disponibles para hacer varias de estas tareas posibles.

Concluyó que en los próximos años estas herramientas cumplirán una función más importante para superar estos retos de inclusión financiera, sustentabilidad y fortalecimiento del sector y afrontar choques.