El campesino Gerónimo Chávez Patlán entró al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impresionado por su belleza y por los murales de José Clemente Orozco. A sus 71 años, era la primera vez que visitaba la capital y estaba ilusionado. Después de 35 años de batalla legal, esperaba que el máximo tribunal resolviera un amparo a favor de su comunidad y la tenencia de la tierra en San Carlos, Nuevo Guaymas, con más de 100 familias afectadas por el despojo del asentamiento humano El Renacimiento.

“¿Cuál fue mi sorpresa? Le dieron la razón al juez federal corrupto con el que hemos perdido todos los juicios, porque no tenemos dinero para darle. Somos pobres. Esa Suprema no protege a los pobres, protege a los ricos”.

Indignado continúa: “María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez, secretaria del ministro Alberto Pérez Dayán, me dijo: ‘¿por qué no vinieron antes? Les hubiera ido mejor’. Yo le contesté: ‘¿cómo vamos a venir desde Sonora si no tenemos dinero? Yo vine en camión con la cooperacha que juntamos. Llegué en la madrugada’. Ella dijo en seco: ‘Pues ya ni modo, ya lo pasé al pleno y ya se confirmó la sentencia del tribunal agrario’”.

Y es que la sentencia del 22 de octubre de 2013 dictada por el Tribunal en el recurso de revisión 337/2013-35 derivado del juicio agrario 719/2008 y su acumulado 928/2008, es para Gerónimo ilegal:

Con los amparos queríamos que nos restituyeran el terreno y las casas donde estábamos asentados. Dijeron que no pueden quitarle al ejido porque ellos son los propietarios. Ellos no compraron. El gobierno se los regaló. Cuando el gobierno expropió, fue a nosotros, los propietarios. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pueden hacer lo mismo. Ellos lo que querían era quitarnos nuestras tierras y venderlas al mejor postor. Me quitaron mi casa, mi tierra y ahora vivo en una casa de renta, no es justo.

Añade: La única solución es la expropiación, porque eso dice la Constitución, que un asentamiento humano se debe respetar. Primero nos expropiaron a nosotros en 1970 por orden presidencial, ahora expropien las 12 hectáreas que nos pertenecen, más un espacio para construir la escuela y el campo deportivo, en total, necesitamos sólo 20 hectáreas, casi nada para las 2 mil 200 hectáreas que ellos quitaron a los campesinos.

Antes de retirarse decepcionado, Gerónimo les recordó que en la SCJN no hacían honor al lema de José María Morelos y Pavón: “‘Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario’. Este lema, ustedes ni lo conocen ni lo ponen en práctica”.

El despojo

Hace 53 años, Gerónimo y su hermano David Chávez Patlán fundaron el asentamiento humano El Renacimiento en el ejido 13 de Julio, ubicado en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. Las tierras no aptas para el cultivo sirvieron para que más de 100 familias construyeran sus humildes viviendas con mucho esfuerzo y emprendieran comercios para sobrevivir. Se encargaron de llevar agua, luz e incluso Internet.

Eran 17 mil hectáreas propiedad de los señores Mascareñas, pero en 1970 el gobierno federal dotó de propiedad al nuevo ejido Buenos Aires y expropió las tierras para formar una organización encabezada por la familia Nápoles. Pero el comisariado ejidal nunca sembró nada, al contrario, fue dividiendo las miles de hectáreas en parcelas de 500 a mil 500 metros cuadrados para venderlas a estadunidenses y nacionales a precios en dólares.

Las playas de San Carlos son las más hermosas del estado y por consiguiente muy pronto el territorio se volvió el objeto del deseo de especuladores y acumuladores de riqueza. Y las tierras ejidales y comunales que tenían un régimen de propiedad social se siguen vendiendo al mejor postor.

Los antiguos propietarios fueron desalojados de sus casas y tierras. Y se quedaron en la calle: Este es un problema social creado por el gobierno, porque cuando dotó de tierras al ejido Buenos Aires ya existía el asentamiento humano El Renacimiento y el presidente omitió sacar una resolución regularizando el asentamiento, dice en entrevista el abogado del caso, Manuel Loya Valverde.

Añade: No obstante, la resolución presidencial no dice que se afecten las casas y se desconozcan los derechos de los habitantes que ya estaban ahí. El problema surge porque la Procuraduría Agraria de manera irresponsable asesoró al nuevo ejido Buenos Aires y les dijo que el área de El Renacimiento son tierras de uso común, y luego el ejido y ciertos posesionarios enfrentaron un juicio agrario donde indebidamente el Tribunal Agrario Distrito 35, sin conocer la realidad de los hechos e ignorando lo que conocía, también señaló que eran tierras de uso común.

Peor aún, el caso se complicó porque luego en el amparo los jueces de distrito también determinaron que eran de uso común: Y el colegiado confirma la sentencia de uso común, lo cual es incorrecto, porque se trata de un asentamiento humano que se debe regularizar.

Lamentablemente, todas las autoridades judiciales le han dado la razón al ejido señalando que las tierras son de uso común: El ejido está cómodo en su postura, el problema son las autoridades por su desconocimiento del derecho agrario tratándose de asentamientos humanos que existen en los tribunales unitarios agrarios, especialmente de Obregón. Y por el total desconocimiento del derecho agrario que se da en el Poder Judicial de la Federación.

Considera que con los problemas actuales del ejido y la supuesta apertura al comercio de las tierras ejidales se vino a incrementar la miseria en los núcleos agrarios del país.

A pesar de que Loya Valverde les ha llevado los razonamientos jurídicos, las respuestas siguen igual: Resuelven por ósmosis, es decir, lo que dijo el Tribunal Agrario lo avaló el juzgado de distrito y también el colegiado lo aprueba. En lugar de ponerse a estudiar el derecho agrario cometen una irresponsabilidad en la forma de administrar la jus­ticia agraria, señala el abogado.

Añade: Ahorita tenemos el problema del ejido Buenos Aires, creado en 1986, propiedad de José Antonio Castillo Puga; todas las sentencias de legítimos posesionarios están negadas, cuando el asentamiento humano El Renacimiento es anterior a la dotación agraria. Y la nueva ley agraria establece que cuando se venga el reconocimiento de derechos al acordarse el destino de las tierras, la asamblea tiene la obligación de conocer los derechos adquiridos de asentamiento humano que se ignoraron.

Derecho agrario olvidado

Explica que lo mismo pasa en el ejido 13 de Julio con el que está colindando y en el que tienen 24 amparos entrando apenas al desahogo de pruebas. Sin embargo, afirma que el juzgado primero de distrito de Hermosillo, Sonora, ya dictó dos sentencias también de manera irresponsable y contrario a derecho: No analiza exhaustivamente las cuestiones de pruebas. No se ha reconocido el derecho que tienen los posesionarios.

A pesar de que en el caso del ejido 13 de Julio hay una sentencia que se dictó el 7 de diciembre de 2004 en el juicio agrario 646/2002, donde se reconoce el derecho de legítimo posesionario a David Chávez Pa­tlán: Es una sentencia de cosa juzgada ignorada en todos los procedimientos. Los resultados son fallidos por la actuación irresponsable del Tribunal Agrario, de los jueces de distrito, principalmente el juzgado segundo de distrito en Hermosillo y de Jesús Karina Almada Rábago, jueza del primer distrito de Hermosillo y el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del quinto circuito.

En entrevista, David Chávez Patlán lamenta que su único patrimonio sea arrebatado: Hay mucha corrupción en el Poder Judicial. No hay nada sano, ya no hay justicia, hay intereses. Prácticamente, estamos viviendo bajo el acoso del cártel del Poder Judicial.

El abogado Loya Valverde afirma que en México hay un neolatifundio: el inversionista se cuida mucho de no rebasar la pequeña propiedad, pero compra otras propiedades a nombre de sus familiares. Hay latifundismo, pero disfrazado con una apariencia de legalidad.

Dice que es necesario que se creen juzgados de distrito y tribunales especializados en materia agraria porque está rezagado y olvidado en todo México y por todas las autoridades judiciales: Encuentro un absoluto desconocimiento de lo que es el derecho agrario. Aquí en Sonora el quinto circuito en materia agraria ni siquiera llega a pañales, así de grave está la situación para la clase campesina que necesita que el Poder Judicial resuelva con justicia social y no lo hace.

Y concluye: Todos los posesionarios son pobres, cuando les quitan su casita los mandan a vivir a la calle. Ellos mismos hicieron las zanjas de su casa para poner las paredes, luego pusieron el techo. No es sólo el dinero que dejaron, hay un aspecto afectivo muy fuerte. Emiliano Zapata dijo: tierra y libertad, pero le faltó decir justicia. Necesitamos tierra, libertad y justicia.