En la recta final del sexenio se ha acentuado el rezago de los sindicatos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

En la más reciente evaluación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) a los portales de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal, encontró que en general éstos cumplen las disposiciones de la ley.

La verificación, correspondiente a 2023, evaluó una muestra representativa de 45.8 por ciento (363 sujetos) del padrón vigente de instituciones y organizaciones con obligaciones de transparencia.

El Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia (IGCPT) alcanzó 96 puntos sobre 100 posibles en 2023, con una ligera disminución en comparación con 2022, cuando se alcanzaron 96.7 puntos. El INAI destaca la estabilidad general en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a lo largo de los años recientes.

Los sindicatos bajaron su calificación respecto al año anterior y son los más reticentes a transparentar datos públicos como sus nóminas, estados financieros y auditorías, pues en 2023 obtuvieron 88.5 en promedio, mientras en 2021 tuvieron 91.1 puntos.

El sector que históricamente ha mantenido el menor índice de cumplimiento es el de los sindicatos, aunque las acciones de acompañamiento y asesoramiento institucional se han reflejado en los resultados obtenidos; 2023 ha representado decremento en su cumplimiento, por lo que intensificar la compañía y guía en el proceso de atención a las obligaciones de transparencia será indispensable para la recuperación en el cumplimiento, señala un reporte del INAI.

El puntaje más alto

El informe indica que los Poderes Judicial y Legislativo obtuvieron el IGCPT más alto, con 100 puntos. Otros sectores, como el Ejecutivo, fideicomisos y fondos públicos, órganos autónomos y partidos políticos mostraron un rango de realización de 89 a 99.4 puntos.

El INAI emitió un total de 119 mil 982 requerimientos para los sujetos obligados que no lograron el cumplimiento pleno en la verificación inicial, que sirvieron para corregir las omisiones detectadas y asegurar que todos los entes cumplieran con sus responsabilidades de transparencia.