Madrid. El gobierno Ejecutivo del ex mandatario español Mariano Rajoy protagonizó uno de los episodios más turbios y graves de la historia reciente, pues por conducto de un grupo de agentes de seguridad pública, al que denominaron policía patriótica, bajo su gobierno se desarrolló un plan de espionaje masivo contra los miembros del partido Podemos, entre 2015 y 2016, que afectó a 55 diputados de esa época.

Rajoy, del derechista Partido Popular (PP) y uno de los firmantes de la declaración de la fundación ultraliberal IDEA contra la reforma judicial en México, es ahora investigado por la Audiencia Nacional de España.

La forma de actuar de la policía española, al menos en este caso, rememora lo más tenebroso de su historia reciente, con comandos adiestrados para el silenciamiento o la coacción de opositores políticos y utilizando todas las estructuras y medios del Estado para este fin.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya tiene abierta una indagatoria concreta por presunto espionaje ilegal que afectó a 55 diputados de Podemos en aquellos años, cuando gobernaba el PP de Rajoy e irrumpió en el escenario político la formación morada, liderada por un grupo de profesores universitarios que siguieron la estela del movimiento de los indignados del 15 de mayo de 2011, que nació del hartazgo popular ante la crisis económica y la falta de credibilidad en las instituciones y el gobierno, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Las pruebas y documentos recabados hasta ahora confirmarían las sospechas añejas; es decir, que el gobierno de Rajoy, por conducto del Ministerio del Interior y del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, diseñó un plan de espionaje contra los diputados de Podemos con el único fin de recabar información que precipitara su destrucción.

La formación morada, liderada por Pablo Iglesias junto con un pequeño núcleo de compañeros, entre ellos Íñigo Errejón, Carolina Bascansa y Luis Alegre, se ha ido desintegrando con los años por las batallas internas y la lucha de poder por los cargos en la estructura del partido y las listas de cargos públicos; sin embargo, el espionaje y la guerra sucia desarrollada de forma presuntamente ilegal por el gobierno de Rajoy enturbió la imagen de esa fuerza política, al publicar notacias falsas, algunas procedentes de filtraciones con conflicto de intereses.

La documentación que obra en manos del juez señala que el seguimiento se hizo mediante consultas que se podían realizar a los servicios centrales de la policía, a los agentes destinados dentro del Congreso o, incluso, a los oficiales municipales.

El autor intelectual

Ahora se trata de descubrir quién dio las órdenes, aunque ya imputó por asuntos relacionados a esta trama al que era entonces el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, a quien se oye en unas conversaciones interceptadas dando instrucciones a un agente para que averiguara datos comprometedores de los diputados de Podemos.

La pesquisa está abierta y se prevé que se libere un reporte de los avances en los próximos meses.