Las bancadas de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar las reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía propuestas por el gobierno Andrés Manuel López Obrador.

La reforma a la Ley de Amparo,aprobada por la mayoría oficialista, impide que los jueces puedan suspender actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando éstos afecten el interés de la sociedad, lo que implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía, señalaron los legisladores en una declaración conjunta.

Con esta restricción, el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil, ya que la ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectara sus derechos era aplicable a cualquier persona. Sin embargo, con esta modificación deberán contratar abogados especialistas, cuyos servicios suelen ser altos.

Además, impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, leyes, decretos y reglamentos cuando afecten los derechos humanos de la ciudadanía.

Añadieron que el decreto reformatorio es contrario a los artículos 17, de la Constitución que prevé el derecho a la tutela judicial efectiva, así como al 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se consagran las garantías judiciales y la protección judicial de los derechos humanos.

En cuanto a la Ley de Amnistía, aseguran que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que tribunales emitan sentencias en su favor.

La amnistía, aseguraron, genera impunidad e impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos hu-manos tengan acceso a la verdad, a la justicia y la reparación. Proporciona a la autoridad una herramienta de persecución política, pues una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a alguna tercera persona. Los requisitos establecidos para acceder a la amnistía generan un incentivo para realizar actos de represalia política, incluso con falsedad de declaraciones.

Poco después de que se diera a conocer la interposición de dichas acciones de inconstitucionalidad, el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló que las reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía son un retroceso en materia de derechos humanos. Se están eliminando derechos a presentar amparo, a recibir la protección de la justicia federal, a que una persona que presente amparo sea extensivo a otros. La iniciativa que votó Morena hace que la justicia sólo sea para los ricos, para quienes puedan pagar un abogado, alertó.