Campeche, Camp., Los 96 elementos que fueron cesados por encabezar la protesta que se realizó durante 104 días contra la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, no podrán volver a ser policías, advirtió la gobernadora Layda Sansores San Román.

Señaló además que contra ellos y otras personas, como el diputado federal José Luis Flores Pacheco, se integran carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado, por los delitos de uso indebido de información confidencial, delitos contra la seguridad de la información, acceso ilegal a sistemas informáticos de seguridad, violación a la intimidad personal, robo clasificado y robo simple.

En su programa Martes del Jaguar, la mandataria morenista detalló que fueron 422 los efectivos que no se presentaban a laborar porque estaban en la rebelión, muchos de los cuales tenían algunos antecedentes.

De ese total se integraron expedientes contra 117 uniformados; sin embargo, después de que decidieron poner fin a la protesta y reintegrarse al servicio institucional, se logró rescatar a 21 porque cuando ya está muy avanzado el proceso ya no es posible echar marcha atrás, así que los demás quedan dados de baja.

De acuerdo con esas cifras, serían 96 los policías cesados que ya no podrán volver a ser agentes, y ese es el costo. Lo lamentamos porque hubo uso y abuso de su buena fe y se politizó el movimiento y eso es lo que no puede pasar.

Sansores San Román informó que ya recuperaron la sede de la SPSC y que luego de un recorrido realizado por responsables de diversas áreas de gobierno, junto con notarios, documentaron el estado en que fue recibido el inmueble.

Se vulneraron áreas estratégicas con información confidencial y sensible, así como documentos y equipos utilizados para salvaguardar la seguridad del estado; irrumpieron en todas las oficinas, violaron y vandalizaron cerraduras, escritorios y archivos que no tenían nada que ver con la manifestación de los policías, acusó.

Adelantó que la SPSC inició la elaboración de las denuncias por los presuntos delitos de uso indebido de información confidencial, delitos contra la seguridad de la información, acceso ilegal a sistemas informáticos de seguridad, violación a la intimidad personal, ya que se sustrajo información sensible y clasificada de víctimas, así como de información sobre investigaciones en curso.

Esta manifestación se usó con fines políticos y electorales, poniendo en riesgo la seguridad de la entidad. Se realizará una investigación a fondo y se deslindarán responsabilidades, concluyó la gobernadora.