En América se enfrentan grandes dificultades en materia de derechos humanos, particularmente por el desplazamiento forzado, la migración, el déficit en los sistemas de refugio y las crisis humanitarias en diversos países, aseveraron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles.

En una audiencia pública, en el contexto del 190 periodo de sesiones de la CIDH, la relatora sobre Movilidad Humana de esta comisión, Andrea Pochak, manifestó que es momento de acciones para garantizar los derechos de las personas necesitadas de protección internacional.

Gabriela Liguori, del Grupo Articulado Regional del Plan de Acción de Brasil, expresó la preocupación de las organizaciones civiles respecto a que incluso en países que han manifestado una tradición comprometida con las garantías fundamentales de migrantes y refugiados se observan prácticas regresivas, como las deportaciones, reconducciones, expulsiones y la militarización de fronteras.

En la región, aseguró, se observa que se viola el principio de no rechazo y no devolución. Un ejemplo claro, mencionó, es la aplicación de la política migratoria estadunidense Título 8, por la cual Estados Unidos regresa a México a personas no mexicanas que solicitan asilo en aquel país. Se les ingresa de forma forzada a las estaciones migratorias y/o se les traslada al sur del territorio mexicano.

Una vez en el sur, agregó, son abandonados en las calles, sin documentación migratoria o con oficios que les indican que deben salir del país. Muchas de estas personas están en extrema situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la activista expuso que en los límites entre Guatemala y México se han documentado varias violaciones a derechos humanos y el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la utilización de gases lacrimógenos por elementos de seguridad contra los integrantes de caravanas. También se documentaron ejecuciones extrajudiciales.

Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, indicó que las restricciones de movimiento, como la imposición de visados promovidas por Estados Unidos, contribuyen al incremento de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, exponiéndose a abusos y fortaleciendo al crimen organizado.

En la audiencia virtual, Amnistía Internacional manifestó su preocupación porque a pesar de que la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada en 1984 por países de América –incluido México–, un elevado número de estados se resisten a aplicarla a favor de haitianos y venezolanos.