Quito. Aunque las matanzas carcelarias –que costaron la vida de más de medio millar de personas– se han reducido, la impunidad por estos crímenes, considerados por algunos expertos como de Estado, persiste y los responsables siguen sin enfrentar procesos judiciales ni las sanciones correspondientes. Por ello, desde esta semana Ecuador es objeto de análisis y atención en el marco del octagésimo periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), en Ginebra, Suiza.

Desde 2018 hasta 2023 han sido asesinadas más de 680 personas privadas de la libertad; se ha usado el estado de excepción como un mecanismo para enfrentar la crisis de inseguridad, promoviendo las situaciones excepcionales y la restricción de derechos; se ha incumplido de manera frecuente con la inviolabilidad de domicilio en barrios populares y el gobierno de Daniel Noboa, por medio de las fuerzas armadas, desde enero de 2024 ha instaurado la tortura como parte de un régimen disciplinario y de rehabilitación social en los centros de privación de libertad, son las principales conclusiones de un informe de organizaciones de defensa de los derechos humanos presentado ayer en Suiza.

Entre las personas afectadas está el ex vicepresidente Jorge Glas, a quien el lunes pasado le negaron un habeas corpus tras denunciar las condiciones degradantes y de hostigamiento sicológico en la cárcel de mayor seguridad, La Roca, en la ciudad de Guayaquil, luego de su secuestro en la embajada de México, el 5 de abril.

Ecuador es uno de los países con las tasas de homicidio más altas de América Latina y padece una falta de capacidad institucional del Estado (que) ha provocado un aumento de las violaciones de derechos humanos de su población, destaca el reporte.

El documento dice además que desde el 9 de enero este país andino vive en un estado de excepción por la causal de conflicto armado interno, el cual fue renovado el 7 de marzo de 2024 y sigue vigente.

En este contexto, los derechos a la libertad personal, de asociación, reunión y de tránsito están restringidos, además de que se otorgaron facultades a las fuerzas armadas para actuar en el territorio nacional y en las cárceles.

Las masacres ocurrieron con la permisividad del Estado y su omisión para garantizar a las personas privadas de la libertad el derecho a la vida, se indica en las conclusiones. Además, se denuncian las consecuencias del estado de excepción declarado en enero de 2024, así como los desafíos del aparato institucional para la prevención y sanción de la tortura.

Tras varias visitas de organizaciones de derechos humanos en lo que va de este año se constató nuevamente la situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales fueron sometidas las familias de las personas privadas de libertad debido a falta de información y espacios de contención emocional, además de respuesta represiva de la fuerza policial.

Frente a todo ello, ninguna investigación ha generado resultados sobre responsabilidades de omisión de funcionarios públicos; tampoco se han implementado medidas de reparación integral a sus familiares y no se ha logrado depurar el Servicio Nacional de Atención a los Personas Privadas de Libertad, que mantiene a funcionarios con vínculos con el crimen organizado, concluye el documento que luego tendrá una respuesta del comité de Naciones Unidas.