a Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reconoció la necesidad de que el Estado mexicano mantenga por seguridad nacional la rectoría del sector energético, pero también llamó a duplicar la inversión pública en infraestructura en general a fin de alcanzar los beneficios de la relocalización industrial que se encuentra en curso por los intentos de Washington de recortar su fuerte dependencia de la manufactura china. El presidente de ese organismo empresarial incluso respaldó el esquema propuesto por el gobierno federal para que la nación genere 54 por ciento de la energía y los entes privados cubran el 46 por ciento restante. Por su parte, el coordinador ejecutivo del sector energético de la CMIC sostuvo que el país tiene cubiertos sus requerimientos de generación eléctrica, pero acusó el rezago en transmisión y distribución, en lo que es necesario que el Estado y los particulares inyecten recursos.
Aunque no se trata de una cámara directamente dedicada a la industria energética, el posicionamiento del CMIC resulta saludable en cuanto muestra la existencia de grupos de la iniciativa privada que se han concientizado acerca de la importancia de apuntalar la soberanía nacional en ámbitos estratégicos. Asimismo, está claro que su llamado a doblar las inversiones responde al interés de obtener beneficios con la asignación de contratos. Esta búsqueda del lucro es legítima y puede redundar en un provecho general a condición de que los integrantes de la CMIC y todo empresario o inversionista entiendan que el Estado debe priorizar el bien común y el interés nacional en todas sus decisiones.
Al abordar las inquietudes de esta y otras asociaciones patronales, es necesario tener presente que el modelo energético construido durante sucesivos sexenios neoliberales y consumado con la lesiva reforma promulgada por Enrique Peña Nieto está diseñado para dar fabulosas riquezas a los capitalistas locales y foráneos a expensas de la hacienda pública y de las clases medias y bajas.
En efecto, cuando las grandes corporaciones presumen su compromiso
con la transición energética al privilegiar la producción de electricidad con fuentes bajas en carbono, omiten deliberadamente que su negocio consiste en trasladar al Estado la responsabilidad de construir y mantener los sistemas de respaldo sin los cuales no pueden operar las plantas solares y eólicas, intrínsecamente sujetas a intermitencias que no pueden llegar al consumidor final.
En este sistema de saqueo legalizado por el PAN, el PRI y el extinto PRD, el sector público –es decir, el conjunto de la sociedad– asume todos los costos, mientras los grandes capitales se adueñan de todas las ganancias. Para poner fin a tal atraco, liberar a México del oneroso subsidio a las trasnacionales energéticas y garantizar que la energía sea una palanca del desarrollo y el bienestar, es imperativo retomar la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y derogada por una Suprema Corte compuesta en su mayor parte por integrantes facciosos y pro empresariales. Ello, como punto de partida que ha de completarse con la abrogación de la legislación neoliberal en el sector y el diseño de políticas públicas que doten al país de las capacidades científicas y tecnológicas para que la transición energética se dé en términos soberanos y adecuados a la realidad nacional.
Por último, debe quedar claro que la relocalización es un medio y no un fin: atraer a las corporaciones que buscan establecerse más cerca del territorio estadunidense sólo tiene sentido si presentan propuestas virtuosas en materia laboral, ambiental, fiscal y de encadenamientos productivos, y a condición de que no sea una nueva versión del modelo maquilador impuesto el siglo pasado, que creó empleos mal pagados y entornos sociales caracterizados por la marginación y la pobreza.
