Representantes de ejidatarios de El Bajío, municipio de Caborca, Sonora, exigieron a las autoridades judiciales que se cumplan las 67 sentencias que dictó el Tribunal Federal Agrario contra la minera Penmont, de Alejandro Bailleres, desde 2014, en las que se exige el pago de al menos 436 millones de dólares por la sustracción ilegal de oro y otros minerales por el consorcio.

Jesús Thomas, ejidatario y líder de El Bajío, señaló que la resolución ordena a la filial de la compañía Fresnillo PLC, de Grupo Peñoles, devolver 236 mil 709 onzas de oro –cuyo valor actual asciende a 560 millones de dólares– mismas que extrajo al núcleo agrario, que es el legal propietario de las tierras.

Las sentencias también establecen que la empresa está obligada a la restitución de la tierra a su estado natural, el pago de rentas por el tiempo que fueron explotadas y la reparación del daño ambiental que las actividades han causado, agregó.

Apuntó que las resoluciones no han podido ejecutarse, debido a que hay una frecuente rotación de magistrados en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28, que duran de tres a seis meses, y señaló que en los últimos nueve años ha habido nueve magistrados diferentes que no podían ejecutarlas porque alegaban desconocer el expediente.

Al respecto, Baldomero Flores, presidente ejidal del ejido El Bajío, denunció la opacidad de los informes anuales presentados por la empresa a sus accionistas en la reunión anual en la Bolsa de Valores de Londres, ya que en éstos no se indica que la empresa evade la justicia desde hace casi 10 años al no acatar las 67 sentencias dictadas por el TUA.

Indicó que el consorcio llegó en 1991 a explotar sus tierras y destruyó 3 mil 200 hectáreas del ejido El Bajío sin concesión para extraer oro, a través de acuerdos con algunos ejidatarios de forma particular y sin haberlos presentado a la asamblea ejidal, su máxima autoridad.

En conferencia, Sergio García, abogado del ejido, señaló que pese a vencer en más de 100 litigios legales al consorcio minero, el hijo del fallecido Alberto Baillères continúa con la arremetida jurídica al presentar un par de demandas para anular dos actas de asamblea de la comunidad.

En 2014, año en que el TUA emitió las sentencias, la trasnacional sólo paró sus actividades ante la protesta generalizada de los habitantes, pero hasta el momento no ha pagado las compensaciones que los jueces ordenaron, indicó Thomas.