La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) consideró que es positivo que el Estado mexicano mantenga por seguridad nacional la rectoría del sector energético, pero también es necesario que la inversión pública en infraestructura en general se duplique para alcanzar los beneficios de la relocalización.

Sí lo vemos muy positivo, dijo Luis Méndez Jaled, presidente del organismo del sector privado, en conferencia al ser interrogado sobre si el gobierno federal debe mantener el esquema de 54 por ciento de generación de energía, mientras 46 por ciento se producida por empresas privadas.

Pedro Aguilar Pizarro, coordinador ejecutivo del sector energético de la CMIC, comentó que por seguridad nacional es necesario que el Estado mexicano mantenga la rectoría, pero se requiere que la participación privada y pública se dupliquen.

En generación de electricidad estamos completos, en lo que estamos mal es en transmisión y en distribución; entonces, debe haber inversión, aclaró.

¿Cuál es el beneficio, ya sea que construya el gobierno o las empresas? Para la CMIC lo importante es participar en las obras, apuntó.

Además de resaltar que es necesario que la inversión pública en infraestructura en general, es decir, además del gasto que se dirige al sector energético, pase de 2.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual a 6 por ciento, propuso que se desarrolle infraestructura de almacenamiento y distribución de gas natural; que se refuerce la infraestructura de transmisión de electricidad; que se ejerzan en su totalidad los recursos aprobados para inversión en infraestructura de transmisión y distribución de electricidad.

La CMIC respaldó el plan de infraestructura de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el cual impulsa esquemas transparentes de participación público-privada, con rectoría estatal.

También propondrá al equipo de la siguiente administración federal acelerar la transición energética para impulsar un desarrollo sostenible; asegurar el financiamiento para diseñar y construir proyectos de energías renovables; alinear los aspectos económicos, sociales y ambientales en el desarrollo de proyectos de infraestructura energética; promover la electromovilidad sostenible, con especial atención al desarrollo de infraestructura para el almacenamiento de energía renovable, como es el caso de las baterías de litio, así como legislar e implementar políticas para desarrollar tecnologías de vanguardia que permitan aprovechar el hidrógeno verde.