En América Latina se identifican tres tipos de censura indirectas por parte de gobiernos, que agudizan la amenaza a la libertad de expresión, como son las comunicaciones desfavorables a la prensa, vigilar y controlar con la ayuda de nuevas tecnologías y abusar de las herramientas legales para judicializarla, plantearon organizaciones de la región que participaron en la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la audiencia Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura, Eduardo Guerrero, del Centro Pro de Derechos Humanos, mencionó que en México hay estigmatización en contra de defensores de garantías individuales.

Se refirió específicamente al Centro Pro, por su papel en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y también al caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, por la situación que actualmente se vive en Chiapas.

Emmanuel Vargas, de la fundación colombiana El Veinte, detalló que 25 organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en siete países de América Latina, documentan las estrategias gubernamentales que tienen el fin de socavar la participación ciudadana, la cual es un derecho y es fundamental para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia, por lo cual los estados deben garantizarla.

En la audiencia pública, presentada en el 190 periodo de sesiones de la CIDH, participó Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión del órgano autónomo de la OEA.