Quito. Tras una campaña en redes sociales y medios nacionales y extranjeros, para denunciar una supuesta atención médica recurrente al ex vicepresidente Jorge Glas, el juez Patricio Vidal negó ayer el recurso de habeas corpus solicitado por la abogada Karen Gómez. Y con esta decisión, permanecerá en la cárcel La Roca, de máxima seguridad en Guayaquil, hasta que complete su condena de ocho años, de los cuales ha cumplido cinco años y medio, tras ser secuestrado en la embajada de México, el pasado 5 de abril.

En la legislación local un condenado tiene derecho a medidas cautelares, como prisión domiciliaria, tras cumplir 40 por ciento de su condena, si tiene buen comportamiento y presta servicios sociales en la prisión.

Tras la primera audiencia, de la semana pasada, en los últimos días se publicaron supuestos reportajes donde aparentemente se reconocía que durante su estancia en la cárcel La Roca, Glas ha recibido al menos 79 atenciones médicas. Sin embargo, los familiares y abogados, así como él, aseguraron este 8 de julio, en su audiencia de habeas corpus, que la mayoría de esas visitas fue para tomarle la presión.

La defensa solicitó ayer que se le permita un arresto domiciliario en la vivienda de su madre, pues su vida corre peligro, no sólo porque padece varias enfermedades, sino también porque al estar recluido en una cárcel de máxima seguridad ha sufrido un deterioro intenso de su salud mental. Además, evidenció las malas condiciones físicas, que ha espantado ratas en su celda, que no lo dejen entrevistarse con sus abogados y que sólo sale al patio del centro de reclusión dos veces a la semana.

Incluso quienes lo han visitado han denunciado que la celda de Glas no está ventilada y tiene goteras, ratas, garrapatas y electricidad limitada. Glas padece nueve patologías crónicas, como hipertensión, rinitis, asma, colitis, ansiedad y hasta depresión mayor con síntomas sicóticos.

Pese a ello y con las garantías de todo sentenciado que ya ha cumplido más de la mitad de su condena, los argumentos de los abogados fueron invalidados por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y los médicos del Ministerio de Salud Pública, que en un informe detallaron la serie de atenciones entregadas a Glas mientras estuvo en huelga de hambre.