Pese a que no fue restablecido el servicio eléctrico en la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), renombrado por otomíes como Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, los participantes en la toma del inmueble anunciaron anoche que reabrirán la avenida México-Coyoacán, la cual bloquearon desde hace dos semanas, el mismo tiempo que llevan sin luz.

El corte de luz se debe a que existe un adeudo que supera un millón de pesos, de acuerdo con las cuentas que han llegado al domicilio. El servicio no ha sido pagado desde octubre de 2020, cuando la comunidad otomí se apoderó del edificio en demanda de la construcción de vivienda social digna en diversos predios de la capital.

En conferencia de prensa, los inconformes anunciaron que dan por concluidas las mesas de diálogo con el gobierno de la Ciudad de México y afirmaron que continuarán por tiempo indefinido en el inmueble.

Hace algunas semanas, las autoridades propusieron el 15 de agosto próximo como fecha de desocupación del INPI, una vez que los compromisos establecidos se cumplan.

Antes de la reapertura de la avenida, hicieron una quemazón de documentos del INPI y efectuaron un mitin junto al fuego. Allí dijeron que no nos rendimos, por lo que la toma del edificio continuará.

Anunciaron también que el 1º de octubre, estaremos haciendo un llamado público a Clara Brugada, nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, para que sean ellas quienes asuman la responsabilidad de escuchar y atender las demandas de la comunidad indígena otomí.

Lamentaron que no haya indicios de que se cumplirán las peticiones formuladas desde que tomaron el edificio y señalaron que cada vez queda menos tiempo, pues sólo restan 95 días (ayer) de las administraciones de la Ciudad de México y federal, y no se resuelven sus exigencias.

El corte del suministro eléctrico también dejó sin agua el edificio y sin posibilidades de vaciar las aguas negras al drenaje profundo, generando con ello un problema de salud pública.

Alertaron que temen un desalojo violento de las instalaciones.

En las semanas recientes, el gobierno de la Ciudad de México les propuso dos reuniones para tratar las demandas, y sólo se realizó la del 17 de junio, en la que no hubo avances.