El Estado mexicano aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 304 recomendaciones de 318 que le emitieron 115 países, relacionadas con atención a la violencia, desapariciones forzadas, migración, tortura y protección a personas defensoras y periodistas, entre otras problemáticas que aquejan al país, las cuales quedaron sustentadas en el contexto de su cuarto Examen Periódico Universal.

Sin embargo, no admitió 14 sugerencias relacionadas con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, retiro progresivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno.

En su comparecencia en Ginebra, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández, sostuvo que las recomendaciones servirán de diagnóstico para nutrir el diseño de los programas en la materia de la próxima administración, la cual encabezará Claudia Sheinbaum.

Se podrá seguir profundizando en derechos sociales, bienestar, reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza extrema, bajo el principio: por el bien de todos, primero los pobres, expresó.

Prioridad a derechos humanos, dice la SRE

En un videomensaje, en el 56 periodo de sesiones del consejo, Hernández destacó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha priorizado los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad, con enfoque en el combate a la pobreza, atendiendo las causas estructurales de la desigualdad, la discriminación y la violencia. Asimismo, reafirmó el compromiso de México con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

La embajadora Francisca Méndez, representante permanente de México ante la Oficina de la ONU, explicó que para el análisis y la aceptación de 96 por ciento de las recomendaciones se tomó en consideración que éstas fueran aplicables al marco jurídico mexicano y en línea con la política nacional. Además, se llevó a cabo un amplio proceso de consultas con 49 autoridades.

En este sentido, en lo referente a las labores de las fuerzas armadas en el país, dijo que el Estado cuenta con un marco jurídico robusto para regular el uso de la fuerza, y por ello se aceptaron ocho recomendaciones en la materia.

Respecto a la crisis de desapariciones en México, Méndez reconoció que la búsqueda de estas personas es prioridad, por lo que aceptaron 30 sugerencias para dar seguimiento a la articulación de esfuerzos institucionales.

Expuso que el país ha instrumentado estrategias orientadas a la prevención social del delito y la violencia, con una política que pone atención a las causas, lo que ha resultado en la disminución de la incidencia delictiva, “al pasar de 33 a 26.8 por ciento a escala nacional entre 2018 y 2022. Representantes de países como Chile, Cuba y Colombia valoraron la alta tasa de aceptación de las recomendaciones en el informe de México admitido por el Consejo de la ONU.