San Cristóbal De Las Casas, Chis., Cientos de personas marcharon en la localidad de Nueva Israelita, municipio de Simojovel para conmemorar el tercer aniversario del asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y ex dirigente de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal.

En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), exigió al Estado mexicano reconocer que Pérez López fue asesinado por su labor como defensor de los derechos humanos y que la Fiscalía de Justicia indígena abra nuevas líneas de investigación para dar con los autores intelectuales y que la impunidad no se convierta en una forma de tolerancia que alimente la violencia.

La conmemoración del tercer aniversario de su muerte empezó el jueves en la cabecera de Simojovel con un rezo y un acto simbólico en un punto del mercado municipal, donde fue abatido a balazos el 5 de junio de 2021.

Ayer, cientos de personas participaron en la “peregrinación por la memoria, justicia y verdad para Simón Pedro, defensor de derechos humanos, realizada en la localidad de Nueva Israelita, de donde era originario, convocada por su familia, la organización Las Abejas, de la cual fue presidente, las parroquias de Simojovel y Pantelhó y el Frayba.

Este último difundió un comunicado en el que señaló que el 31 de marzo pasado se cumplió un año de que fue condenado a 25 años de prisión el autor material del homicidio (Hugo Rolando N), sentencia insuficiente para garantizar la verdad y reparación integral, pero el Estado cierra los caminos para una justicia cabal.

Señaló que pese a que la familia de Simón Pedro, Las Abejas de Acteal y acompañantes exigimos que se investigara su asesinato como represalia por su labor de defensa de los derechos humanos, la fiscalía de Chiapas fue omisa y sólo se dedicó a probar la responsabilidad del autor material, con lo que la verdad se alejó, pues no se investigó el móvil ni a los autores intelectuales.

Recordó que días después del asesinato de Simón Pedro, en Nuevo Israelita se encontraron artefactos y detonadores que pusieron en peligro a todas las personas del lugar. Para su desactivación tuvieron que acudir elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a casas de habitantes vinculados con la delincuencia organizada; la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República sin que a la fecha se conozca algún avance.